La pandemia judicial
Los juzgados denuncian un colapso sin precedentes que aplazará algunos procesos más de cuatro años
Son tantos los mensajes pesimistas en estas semanas que cuesta digerirlos. Todos los sistemas –económicos, administrativos, laborales... Sanitarios– parecen al borde del colapso y los ciudadanos, por una cuestión de salud mental y supervivencia, prefieren ignorar o postergar algunos de los augurios. Asimilarlos todos a ... la vez resulta imposible. Puede que a fuerza de oír a diario mensajes apocalípticos, los ciudadanos empiecen a estar inmunizados, a considerarlos parte de un lamento constante en el que cuesta encontrar las urgencias verdaderas entre tantas proclamadas. Pero cualquiera con algo de sensibilidad social y sentido de la comunidad debe recibir con verdadero desasosiego los mensajes lanzados por instituciones que son pilares de la sociedad.
Por ejemplo, la Justicia, a través de los jueces y funcionarios ha lanzado su enésimo aviso de socorro. Aseguran los profesionales que se avecina una «pandemia judicial», con la administración colapsada, incapaz de dar curso a todos los requerimientos que le llegan. Afirman que ya se están fijando juicios para 2023 y ese margen seguirá creciendo sin duda, al menos, hasta el próximo verano. La pandemia ha causado estragos en los juzgados, que ya arrastraban carencias muy graves. En su momento, las reformas no llegaron, los presupuestos eran cada vez más cortos y no hay que ser un lince para entender que durante los próximos años no van a ser más generosos.
El atraso crónico que arrastraban se ha convertido, según los que lo ven desde dentro, en colapso casi absoluto. Situaciones como el aluvión de denuncias por los ERTE, los ER E , los impagos, las deudas, las hipotecas, los desahucios o las cláusulas suelo supondrán la puntilla, el acabose, por más que el Consejo del Poder Judicial quiera presentar planes para prometer que todo estará pronto solucionado. Los propios profesionales admiten que ya son incapaces de ofrecer un servicio mínimamente digno a los ciudadanos, afirman que los números no llegan y que la paralización es una realidad inevitable por una cuestión matemática. Asusta pensar en lo que dirán dentro de seis, doce, meses. Los daños de la pandemia son acumulativos y aún no hemos visto su peor cara. Tampoco en la Justicia.
El derecho de los ciudadanos a unas resoluciones eficaces y rápidas choca contra la incapacidad de la administración judicial que, después de años de advertencias, se encuentra bajo una tormenta sanitaria que lo complica todo. No estaba y no está preparada para afrontar esta situación excepcional, desconocida.
