EL APUNTE
La obligación del ejemplo
Los que representan a la ciudadanía deben respetar como los primeros las normas que impulsan las administraciones, las compartan o no
Podríamos pensar que es un signo de los tiempos, con una adicción de un gran número de ciudadanos a la sobreexposición a través de internet. Miles de imágenes, experiencias, reales o no, y opiniones brotan cada segundo en busca de aprobación o polémica, de complicidad ... o pelea, del respaldo o el descrédito a otros. Lo que no se cuenta, casi en directo, no sucede. O eso parece. Lo que no se dice en público, no se piensa. O eso parece. La tendencia al exhibicionismo y el espectáculo es una característica de la sociedad contemporánea. Las redes sociales han hecho posible que cada cual retransmita los hechos de su vida cotidiana que considere pero también que denuncie los comportamientos de vecinos que considera reprobables. En esto, quizás los dirigentes cometen, como los medios, el error de imitar a la ciudadanía, al público. Pero el papel de aquellos y las obligaciones de éstos les ponen en una situación distinta. Los particulares tienen como freno su ética o su conciencia y la ley. La opinión de sus seres queridos, como mucho. Los representantes públicos, en cambio, se deben a todos, quieran o no, su compromiso con la ejemplaridad, la trascendencia de sus gestos y el hecho de que hayan percibido ingresos de las cuentas públicas hacen que sus actos y declaraciones deban ser analizadas con mayor exigencia por todos. El alcalde de Cádiz y algunos de sus compañeros de formación en la capital gaditana se han caracterizado, desde su llegada a los puestos institucionales en 2015, por mezclar constantemente esa exposición que funde vida personal y vida pública. Desde procesiones con familiares a la compra de un traje, de la participación en movilizaciones contra desahucios al anuncio de donaciones, barrios de residencia o paternidades. Durante esa exposición, olvidan su contrato social para dar ejemplo, para respetar las normas que aprueban, impulsan o, aunque no las compartan, representan. Es el caso de Cristina Honorato, exconcejala del Ayuntamiento de Sevilla por Podemos y miembro de Participa Sevilla, que ejerce en Cádiz como profesora. Ella representa ahora esa confrontación ética entre discurso y ejemplo, entre lo que debe decir a sus alumnos o a sus vecinos y lo que muestra al ser acusada de atentado a la autoridad tras una fiesta contraria a la normativa. Forma y ha formado parte de estamentos, educativos o políticos, que le dicen a los alumnos o ciudadanos lo que deben hacer. Pero se comportan de otra forma. Incoherencia.
