La nueva fiscalidad andaluza
El dogma de que los ricos paguen más sólo afecta a familias y asalariados cuando se aplica mal, con mero afán recaudatorio
La discriminación fiscal entre comunidades autónomas ha sido un esencial caballo de batalla política silenciado, como cualquier otro apartado, por la urgencia sanitaria. Pero una vez aparecida la esperanza gracias a un efectivo plan de distribución de las vacunas (cuando las han hecho llegar a ... Andalucía) es tan legítimo como conveniente recuperarlo. Es una de las virtudes de nuestro sistema democrático (existe y es robusto por más que algunos interesados en el caos se empeñen en cuestionarlo) que las autonomías tengan capacidad normativa sobre determinados impuestos, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al incrementar o reducir los tramos de la escala autonómica, además del impuesto de sucesiones y muchos otros. Así, dentro del marco normativo establecido por la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, Andalucía tiene capacidad de maniobra para ajustar las retribuciones de los ciudadanos y las empresas. Si las ajusta, se limita a hacer uso de su capacidad legislativa y, en consecuencia, establecer una escala regional propia.
La manida frase «quien más tenga, que más pague» se ha convertido en una especie de dogma que puede conducir a una paralización económica que, en pleno derrumbe del consumo por los efectos de la pandemia, parece la peor de las recetas. Esta confiscación fiscal –es decir, hacer tributar determinadas rentas a tipos muy altos– equivale a privar de gran parte de dichas riquezas a sus propietarios para destinarlas al erario público. Eso afectaría ineludiblemente a las clases medias, a las familias y los asalariados, pues las grandes fortunas son escasísimas en porcentaje y número pero, además, tienen medios para sustraerse a las medidas recaudatorias a través de subterfugios legales y vericuetos que siempre conservan tipos muy bajos. El artículo 31 de nuestra Constitución, en su apartado 1, dice: «Todos contribuirán a los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».
Así que en caso de duda, el dinero mejor en el bolsillo de las familias y las empresas. El último ajuste decretado por la Junta de Andalucía así lo considera de forma muy acertada. Los 600.000 gaditanos que van a beneficiarse de esta bajada de impuestos lo atestiguan.
