Manos limpias en los fondos de emergencia
Andalucía no puede permitirse que la ineptitud, la corrupción o las intrigas partidistas afecten al reparto de los vitales millones de la Unión Europea
Aunque la fase de crisis sanitaria no ha terminado –por más ganas o necesidad que tengamos todos y al número de contagios basta remitirse–, las administraciones públicas han comenzado a poner ya el foco en los fondos de recuperación llegados de la Unión Europea, aprobados ... finalmente la pasada semana. Ese dispositivo de emergencia, que llegará a suponer más de 140.000 millones de euros para España, se distribuirá de forma progresiva, fraccionada. De hecho, el Gobierno español ya dispone de 9.000 de ellos y antes de fin de año deben llegar otros 24.000 millones. El resto, el grueso, queda para 2022 y 2023. Huelga decir que de esos fondos depende de forma esencial la recuperación de una economía muy dañada y extraordinariamente endeudada como la española. De ahí la importancia de realizar una gestión eficaz e intachable de ese enorme salvavidas. El control estricto de esa gigantesca reserva de dinero es la prioridad para la Junta de Andalucía, tal y como recalcó ayer la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en el cierre del ciclo La Mirada Económica de LA VOZ-ABC. Blanco coincidió con el diagnóstico general al asegurar que esos miles de millones «son vitales para modernizar la economía española» en estos años y en el futuro, puesto que –entre otros mil retos– deben sanar un mercado laboral capaz de sostener la viabilidad de un sistema de pensiones que no está clara a partir de 2025. Es decir, a partir de pasado mañana.
Pero antes, la prioridad absoluta, dramática, es sacar partido a esas ayudas europeas, hacerlas llegar a empresas, a servicios, a ciudadanos y familias. Sólo podrá conseguirse con criterios de reparto justos entre las comunidades autónomas, en los que primen las necesidades sociales, laborales y educativas, en los que primen el número de habitantes. Andalucía es el territorio más poblado de España con casi 8,5 millones de personas. Uno de cada cinco españoles, o residentes, está en Andalucía. Por tanto, este criterio es innegociable por justo. Ni España, ni la Unión Europea pueden permitirse que la incompetencia, la corrupción o los intereses partidistas interfieran lo más mínimo. Nos jugamos demasiado. Nos lo jugamos todo y Andalucía ha sufrido demasiados precedentes de malgasto, negligencia y desvío de fondos públicos como para cometer el mismo error en un momento crucial.
