Fiscalizar no es judicializar
Los mismos concejales que se quejaban amargamente por las querellas las han usado con los mismos fines y un efecto contrario al esperado
Uno de los muchos escondites que los dirigentes municipales de Adelante (exPodemos) desde que ocupan sus cargos en San Juan de Dios es lamentar «la judicialización de la política». Así llaman al legítimo derecho de los ciudadanos, y eso incluye a la oposición, de tratar ... de resolver con denuncias, querellas y posibles juicios las chapuzas, los errores o los ataques personales que, por acción u omisión, protagonizan de forma muy frecuente. Desde que llegaron en 2015 a San Juan de Dios se quejan amargamente de la manida «judicialización» y critican especialmente a los ediles del Partido Popular por entender que trataban de resolver cada disputa por esa vía. Sin embargo, su cinismo político volvió a quedar claro cuando, ya en el anterior mandato, utilizaron esa misma herramienta. Pusieron gran interés en destacar la denuncia por posible prevaricación en los pisos sociales de Matadero, en los que –según la versión de los ediles de Ganar Cádiz en Común– se habrían producido alteraciones de la lista de beneficiarios por supuesta influencia directa de dos concejalas del PP. Esta denuncia fue desestimada y luego se volvió contra los denunciantes. Ahora resulta que el bumerán ha tomado la dirección de regreso y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha fijado juicio oral, para el 11 de noviembre a las 10 horas, contra la directora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío, como presunta responsable de un delito de prevaricación administrativa.
La fiscalía le pide nueve años de inhabilitación y la acusación particular está formada por las que fueron denunciadas sin éxito, las exconcejales del PP (2011-2015) Mercedes Colombo y Carmen Sánchez. Acusan a Tubío, nada menos, de cambiar un expediente para darle un piso a alguien que no cumplía los requisitos para ello. Si eso es judicializar la política, si no es un presunto hecho digno de ser elevado a los tribunales, que la Justicia baje, se quite la venda y lo vea.
No se trata de usar herramientas distintas a la política, es una cuestión de aclarar que la actividad administrativa debe estar bajo el escrutinio del poder judicial, bajo el arbitrio de unos tribunales que deben velar por la transparencia y la equidad de algunos procesos que influyen directamente en la vida de los ciudadanos.
