El eterno fiasco de la formación en la provincia
Una nueva causa judicial investiga si se desvió el dinero destinado a crear empleo durante la etapa de gobierno autonómico socialista
Una nueva información ha venido a corroborar que uno de los ámbitos preferentes de la corrupción en Andalucía, durante lo que va de siglo y los últimos años del anterior, ha sido la formación laboral. Resulta especialmente doloroso que un campo llamado a crear oportunidades ... laborales para jóvenes ciudadanos, gracias a fondos europeos en muchos casos, haya sido territorio abonado para que algunos aprovechados, presuntamente, acometan un supuesto expolio de los recursos de todos. El juez José Ignacio Vilaplana acaba de reabrir uno de los caminos legales para aclarar el uso de las subvenciones para cursos formativos en Andalucía, la comunidad con más paro de toda España, en la provincia de Cádiz, con unas alarmantes tasas de desempleo crónico. Ha encargado un informe pericial a la Intervención General de la Junta sobre los 6,51 millones de euros en ayudas irregulares con los que la Administración autonómica estuvo ‘regando’ entre 2007 y 2012 al Consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando. Según las primeras investigaciones, no es que ni se llegaran a dar los cursos. Es que ni siquiera se llegó a designar personal para el centro. Pero el dinero, presuntamente, desapareció. Para el juez, el consorcio «habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular».
El magistrado pretende corroborar que la puesta en marcha de estos cursos, de todo el consorcio, fue un auténtico fiasco, un descontrol por parte del Gobierno regional del PSOE, que ha sido incapaz de justificar dónde fue a parar el dinero en todo este tiempo. Los centros de formación y las academias que han impartido estos cursos están bajo sospecha, al igual que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), órgano que se encargó del reparto de las funciones. Lo más lamentable de este asunto es que muchas de las causas abiertas por fraude datan de 2007 y se teme que la mayoría de ellas empiecen a prescribir si la Justicia no encuentra antes un camino para lograr resolver las cuentas pendientes. Los cursos de formación ni arrancaron, como en tantos casos, con la falta que hacían. Un paripé para que unos pocos, presuntamente, se lucraran. Toca ahora asumir responsabilidades y dejar que la justicia actúe. Está claro que esta acción política de la etapa socialista, caso de que se confirmen las responsabilidades, debe tener castigo y, sobre todo, no repetirse.
