Educación victimista
Un pequeño sector está empeñado en presentar la escuela pública como una institución acorralada
Un pequeño sector de la izquierda extremista, rencorosa y desnortada se ha empeñado hace años en robar la bandera de la educación pública, en apropiarse en exclusiva de este servicio esencial para una sociedad que pertenece, o debe pertenecer, a todos con las diferencias, las ... discrepancias y la diversidad que quieran tener. Ese sector de progresistas retrógrados se ha empecinado en resucitar, con la excusa de un avance legal impulsado por la Junta de Andalucía, el supuesto debate entre enseñanza pública y privada. Consideran que la primera vive acorralada, atacada por todos los frentes y todos los días, especialmente por unos partidos conservadores que están demostrando mayor capacidad de inversión y preocupación, más rigor y tino, que sus predecesores. El hecho de abrir a todos la opción de la escuela concertada no es un ataque a la pública, es un avance en las libertades. Muchos de los que trabajan o estudian en la pública no se creen esta dicotomía falsa, maniquea, de ahí que ayer fuera un fracaso la convocatoria de huelga con un seguimiento de, apenas, un 25% de docentes y personal. Aunque pública y concertada parecen convivir con absoluta normalidad entre los menores, los padres y los docentes, este intento de confrontación es tan antiguo como el concepto de escolarización .
Cada avance, cada cambio, es una excusa para resucitarlo. Por más que estos grupos pretendan repetir la misma mentira mil veces, los ciudadanos ven a diario la realidad. Ni la Junta abandona a la escuela pública (no hay que ir más que a la pasada semana para ver las últimas mejoras, las inversiones), ni la concertada es un enemigo a combatir. Simplemente es un conjunto de centros a los que la administración les entrega fondos para que sumen sus servicios y así complementen las carencias de la red de centros públicos. Es decir, navegan en el mismo barco. Pero, como ventaja o complemento, como añadido y saludable alternativa, ofrecen una educación dirigida o ampliada con criterios religiosos, los de la Iglesia Católica que es la mayoritaria –con indiscutible amplitud– en toda España. En el caso hipotético de que la escuela pública fuera capaz alguna vez de satisfacer la totalidad de la demanda, con el gigantesco peso presupuestario que supondría, esa opción religiosa y ese derecho de algunos padres desaparecería. La opción de dar una educación con valores religiosos pasaría a ser un lujo al alcance de un pequeño sector de alto poder adquisitivo.
