Economía de guerra

El plan de choque anunciado por Pedro Sánchez cuenta con un reconfortante consenso

Se trata de evitar que la crisis destruya el tejido productivo. Por ello Pedro Sánchez , en su intervención de ayer, subrayó la necesidad de que prospere la idea de que estamos frente a una crisis temporal, pasada la cual hemos de conseguir recuperar ... los ritmos económicos, para lo que es preciso que la paralización actual, inexorable, no suponga la ruina de las empresas ni la generación de un desempleo irreversible.

Para conseguir este ambicioso objetivo, era preciso proporcionar una respuesta contundente, drástica, radical, al problema, y así lo han visto algunos países europeos, como Alemania, donde la canciller Merkel lanzaba el pasado día 11 una consigna que en su boca resulta revolucionaria: «No nos vamos a preguntar continuamente el efecto de una medida sobre el déficit; estamos en una situación extrema y haremos todo lo necesario». Pues bien: ayer, Sánchez adoptó una actitud semejante al promover la movilización de unos 200.000 millones de euros –casi el 20% del Producto Interior Bruto de nuestro país– si se añaden los recursos privados a los 100.000 millones de euros públicos en la creación de una línea de avales y de garantías públicas para proporcionar a las empresas «toda la liquidez que necesiten».

En definitiva, el Gobierno de coalición, que esta vez ha consultado sus medidas con las fuerzas de oposición y parece contar con un reconfortante consenso (reconfortante para toda la ciudadanía), ha avanzado con resolución en cuatro vectores concurrentes. El primero, de apoyo a las familias, contempla desde 600 millones para prestaciones básicas a los más vulnerables hasta una moratoria para las hipotecas que garantiza que nadie será desahuciado por la crisis, e incluyendo asimismo una moratoria para los recibos de energía y agua, así como una novedosa garantía de prestación de servicios de telecomunicaciones.

El segundo vector hace referencia al apoyo a todos los trabajadores víctimas de la crisis, impulsando la reducción de jornada –hasta al 100%– para la conciliación familiar; el énfasis en el teletrabajo; la flexibilización más plena de los ertes, que se acelerarán, no comportarán el pago de la Seguridad Social por el empresario y no computarán como tiempo consumido del seguro de desempleo para el trabajador. Para los autónomos, la prestación por cese de actividad será compatible con la exoneración de cuotas, lo que parece responder positivamente a las exigencias.

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