El Apunte
Los alcaldes ciegos
La condena a la exalcaldesa de Alcalá del Valle amplía una lista de regidores que se creyeron por encima de la Ley
La lista es demasiado larga como para considerarla un conjunto de casualidades encadenadas. En los últimos años, han sido demasiados alcaldes de la provincia condenados por irregularidades o delitos , con la prevaricación como la actuación ilegal más castigada. El último caso es el ... de la exalcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero. Como en otros casos, trató de cubrir contratos irregulares con la presunta necesidad de los contratados pero no se molestó siquiera en demostrar esa situación extrema y, además, ignoró las advertencias de Secretaría y de técnicos. Así que ahora recibe ocho años de inhabilitación que suponen una vergüenza colectiva, ciudadana y política si se suman a los de otros tantos alcaldes de la provincia que incurrieron en similares conductas. Podrían resumirse con aquel dicho: «Hacer de su capa un sayo». Todos creyeron que la administración era suya y podían actuar como quisieran, por encima de las normas, de las reglas. Por más que en algún caso lo hicieran con la excusa, o la motivación real, de ayudar al que necesitaba un contrato, un empleo, un encargo, nunca puede servir de justificación ante la Ley que nos hemos dado todos, que nos somete a todos. Puede que el recordado Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, represente mejor que nadie esos modos, esa época, pero es preciso recordar que también una de sus sucesoras –dos de los últimos cuatro alcaldes de Jerez– ha acabado en prisión por graves irregularidades convertidas en sentencia. A ellos hay que sumar casos similares, aunque con menor castigo y en algún caso sin prisión, en Rota, El Puerto de Santa María o ahora Alcalá del Valle.
Los que van a la cárcel o los que, como en el caso de Dolores Caballero, reciben un castigo administrativo y menor, forman igualmente un mismo símbolo. El de una época entera de supuesta impunidad, de ayuda mal entendida a los vecinos, de excesos, descontrol del gasto y decisiones arbitrarias. Del bastón de mando al reproche social público y oficial, de las cámaras al ostracismo y, de ahí, a la cárcel o la inhabilitación como en este último caso. Se condena así a un sector de la sociedad gaditana, a un tiempo entero, el de la egolatría que se creía con capacidad para superar límites y reglas, para burlar la Ley con la excusa casi absolutista de hacerlo todo por el pueblo, para el pueblo pero sin pueblo.
