Los alcaldes arbitrarios
La lista de las condenas y las acusaciones hace pensar que el caso de Espera no es inaudito: muchos creyeron que el Ayuntamiento era suyo
El último caso es el que sienta en el banquillo de los acusados al alcalde de Espera durante 18 años, Pedro Romero de IU. Será en mayo. Pero un pequeño ejercicio de memoria nos dice que no se trata de una excepción, de un caso ... aislado, un comportamiento inaudito en esta provincia. Los precedentes son tantos que puede hablarse de una tendencia, de una línea invisible que une un episodio con el anterior, siempre con características comunes. En esta ocasión, la Fiscalía pide once años de inhabilitación para cargo público por hacer contratos 'a dedo' pese a la advertencia del secretario y los técnicos. Pero es que la lista es demasiado larga como para considerarla un conjunto de casualidades. El anterior episodio, hace apenas cinco meses, fue el de la exalcaldesa de Alcalá del Valle, Dolores Caballero. Como en el caso de Espera, nadie le acusaba de llevarse un euro pero sí de violar las reglas, de tratar de cubrir contratos irregulares con la presunta necesidad de los contratados sin escuchar advertencias. Recibió ocho años de inhabilitación que suponen una vergüenza colectiva, ciudadana y política si se suman a los de otros tantos alcaldes de la provincia que incurrieron en similares conductas. Podrían resumirse con aquel dicho: «Hacer de su capa un sayo». Todos creyeron que la administración era suya y podían actuar como quisieran, por encima de las normas, de las reglas. Por más que en algún caso lo hicieran con la excusa, o la motivación real, de ayudar al que necesitaba un contrato, un empleo, un encargo, nunca puede servir de justificación ante la Ley que nos hemos dado todos, que nos somete a todos. Puede que el recordado Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, represente mejor que nadie esos modos, una época que nunca parece acabar, pero es preciso recordar que también una de sus sucesoras –dos de los últimos cuatro alcaldes de Jerez han acabado en prisión por graves irregularidades- sufrió similar sentencia. A ellos hay que sumar procesos similares, aunque con menor castigo y en algún caso sin prisión, en Rota, El Puerto de Santa María o el de Alcalá del Valle. Ahora, en Espera. Los que van a la cárcel o los que reciben un castigo administrativo y menor forman, igualmente, un mismo símbolo. El de una época entera de supuesta impunidad, de ayuda mal entendida a los vecinos, de excesos, descontrol del gasto y decisiones arbitrarias.
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