De los actos y sus consecuencias
La mala relación del gobierno de España con Marruecos ya pasa factura a la industria gaditana, tan necesitada de nuevos proyectos
Viernes 8 de enero del presente año 2021. La ministra de Hacienda María Jesús Montero aparece casi por sorpresa en Cádiz, concretamente en el astillero de Navantia en San Fernando. Allí, ataviada con chaleco reflectante y casco protector, recorre las instalaciones acompañada por la presidenta ... de la compañía Belén Gualda. Ambas supervisan los trabajos de los buques que España construye para la Marina de Arabia Saudí. Tras las fotos de rigor y ya frente a los periodistas, Montero anuncia solemne el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España y el de Marruecos para la construcción en ese mismo lugar de una nueva patrullera, ofreciendo detalles sobre el número de horas de trabajo y de contrataciones que supondrá este nuevo acuerdo.
Tres meses más tarde, ese mismo gobierno español decidió dar cobijo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de Covid, hecho que desencadenó una tormenta diplomática entre ambos países que acabaron con las lamentables imágenes que pudieron verse en todo el mundo de la playa del Tarajal y cientos de inmigrantes tratando de alcanzar la costa de Ceuta ante la pasividad de las fuerzas policiales marroquíes.
Esa fue la principal consecuencia de la crisis hispano–marroquí auspiciada por Pedro Sánchez. Pero hay muchas más, a todos los niveles. Diplómaticas y, por supuesto, económicas y comerciales. Y ahí es donde, como casi siempre, sale perjudicada la provincia de Cádiz, ya que la anunciada construcción de la patrullera está a día de hoy –más de once meses después de la foto que se hizo la ministra Montero en San Fernando– completamente paralizada.
Los trabajos de los cinco buques contratados con Arabia Saudí están ya en su recta final y el astillero isleño vuelve a correr el riesgo de quedar sin carga de trabajo. El Gobierno presidido de Pedro Sánchez ha vuelto a dar muestras de su irresponsabilidad y falta de miras a la hora de tomar decisiones que pueden afectar a la economía de toda una provincia. Unas miras que sólo parece tener cuando se trata de mantener el poder a toda costa, pero no de ejercerlo con responsabilidad.
