EL APUNTE
Un acto de justicia social y militar
La actualización de los sueldos de las Fuerzas Armadas, tras 16 años sin renovación, rinde tributo a su nuevo papel en la sociedad
Si para algo, positivo, ha servido la tremenda crisis social, sanitaria y económica que vivimos es para realizar un imaginario escalafón de profesiones necesarias , las que contribuyen al bien general y suponen una labor necesaria para la comunidad, insustituible por máquinas o avances ... tecnológicos. Entre ellas, las primeras han sido las relacionadas con la atención sanitaria, de administrativos a médicos, de enfermeros a conductores de ambulancias... Todos los que tienen que ver con la asistencia al enfermo, al que precisa de atención del sistema público de salud. Pero inmediatamente después de los relacionados con la salud, aparecen los trabajadores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Cuando se utiliza esa fórmula administrativa se piensa inmediatamente en policías locales, nacionales y guardias civiles pero hace muchos años que los integrantes de los tres ejércitos realizan tareas de servicio muy similares, sobre todo cuando se producen episodios relacionados con grandes catástrofes naturales como la que vivimos. Cuando acontecen inundaciones, terremotos, enormes incendios o, como ahora ocurre de forma infrecuente, una pandemia universal se rebela con toda intensidad su papel protagonista en la sociedad actual. Por esa certeza, relativamente reciente, resulta un acierto la decisión del Consejo de Ministros de renovar el reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas tras 16 años. Han permanecido invariables desde el año 2005, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo realmente inexplicable si se compara con otros muchos colectivos profesionales. Esta medida beneficiará a 133.000 militares, de los que unos 11.000 profesionales se encuentran destinados en algunos de los tres ejércitos de la provincia. Es de justicia, y más en esta etapa, que el Ministerio de Defensa haya calificado a los militares como «un pilar institucional del Estado fundamental y al servicio de los ciudadanos, como se ha puesto de manifiesto en las operaciones Balmis y Baluarte». Con esta decisión se honra, parcialmente, a los 120.000 militares españoles actuales –10.000 de ellos en Cádiz–. Es un precedente tan necesario, por más que retrasado e insuficiente, como el que esperan aún los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
