El Brexit y la Bahía

La salida del Reino Unido de la UE ya se vislumbra como un divorcio difícil. Vistos los argumentos de campaña de los que abogaban por la ruptura, parece que la decisión final no se tomó con la reflexión necesaria que el tema exigía; y, al final, como siempre que la emoción rompe la balanza de equilibrio con la razón, las consecuencias pueden acarrear serias dificultades a más de uno. Además, como suele ocurrir cuando de repartir se trata, unos pierden y otros ganan. Entre los primeros, la propia población inglesa, galesa, escocesa y norirlandesa. La nueva y flamante Premier, Theresa May, ya adelantó que ni siquiera los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido tendrían asegurada su permanencia. Pero, junto a lo que ello pudiera significar para esas personas, lo relevante es el impacto que esa no permanencia supondrá en la sociedad británica. Por ejemplo, el que tendría en el sistema sanitario y sobre la atención en salud de los ciudadanos de la Isla. Porque cerca del 15% de los sanitarios, entre médicos y enfermeras, que trabajan allí son ciudadanos de otros países de la UE. Que, de repente, el sistema de salud británico que, por cierto, ya tiene bastantes problemas se quede sin el 15 % de sus efectivos no es ninguna tontería.

Otras posibles consecuencias las tenemos más cerca. En Gibraltar no se duerme sabiendo que su privilegiada economía se basa, además del negocio del juego on line dirigido a todo el continente, en la venta de servicios financieros en un mercado que ahora corre el riesgo de limitarse sobremanera; aunque lo más preocupante es el impacto sobre los trabajadores españoles en la colonia y sobre la propia comarca del Campo de Gibraltar, algo que exigirá, para contrarrestar las consecuencias, la toma de medidas por parte del gobierno español, cuando lo haya. Y, como en cualquier divorcio, ahora viene también el tema del reparto y de quién se queda con qué. La lucha por atraerse a las empresas o para quedarse con la sede de los bancos internacionales que residen en la City ya ha comenzado. Lo mismo ocurre con las Agencias Europeas, como la Autoridad Bancaria Europea o la Agencia Europea del Medicamento. Por la primera, conocida por ser la encargada de las pruebas de stress, pelean Frankfurt, París, Milán y Madrid, aunque, visto lo que se ve en Madrid, los alemanes llevan las de ganar. Por la Agencia del Medicamento, con un presupuesto de 500 millones de euros anuales y unos 800 puestos de trabajo directos, sin contar lo que de polo de atracción tiene para la industria farmacéutica, también suspiran varias ciudades. No deja de tener su gracia que una de ellas sea Barcelona argumentando que allí radican más de 200 empresas del sector dando más de 20.000 empleos; razón de peso si no fuera por el chorreo de fuga de empresas y la amenaza del Catexit. Más lógica, e inteligente, es la candidatura propuesta por el Ayuntamiento de Málaga con el argumento de minimizar los efectos del Brexit en el sector turístico. Y, sin embargo, en la zona de más paro de España, disponiéndose en la Bahía de terreno industrializable y con un destacado potencial logístico ¿como es posible que a ningún alcalde de la Bahía de Cádiz, ni a la Diputación, se le haya ocurrido adelantarse a la propuesta malagueña?