Opinión

Bancos, gobiernos y conseguidores

Villarejo es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que aparece envuelto como ‘conseguidor’ en los principales escándalos

Antonio Papell

El comisario José Manuel Villarejo es un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que aparece envuelto como ‘conseguidor’ en los principales escándalos de las últimas décadas, a través de diversas empresas de detectives y abogados. En excedencia entre 1983 y 1993, se reintegró ... en el Cuerpo, donde permaneció durante más de veinte años en puestos de confianza junto a los directores adjuntos de la Policía (DAO), bajo la supervisión de los sucesivos ministros. Según los medios, esta posición de privilegio, desde la que ha alardeado de prestar servicios subterráneos a Estado, en abril de 2015 caía en desgracia por sus enfrentamientos con el también comisario Marcelino Martín-Blas, y el DAO de aquel momento, Eugenio Pino, lo apartaba de la primera fila, bajo la supervisión del entonces Director General de la Policía, Ignacio Cosidó. José Manuel Villarejo se ha definido a sí mismo como «agente encubierto» y ha dicho que sus empresas están al servicio de la Policía desde hace 20 años

En la actualidad, Villarejo está en prisión, tras la apertura de un macrosumario en la Audiencia Nacional, dividido en diez piezas. El juez ha incautado información encriptada en 400 carpetas, que está desencriptando el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Según Europa Press, la causa 96/2017, conocida como Operación Tandem o ‘caso Villarejo’, ha cumplido dos años de investigación, con cerca de 50 personas en la lista de imputados y 10 piezas separadas Las actuaciones se articulan en una pieza principal o ‘King’, que investiga la organización criminal al hilo de unos trabajos en Guinea Ecuatorial, y diez ‘proyectos’ del comisario: ‘Pieza 1’, que implica al comisario Carlos Salamanca; ‘Iron’, en relación al espionaje a un bufete de abogados; ‘Land’, sobre la herencia de los Cerededa; ‘Pit’, en torno a una extradición a Guatemala; ‘Cinco’, sobre los audios de Corinna; ‘Pintor’, por la extorsión a un ex juez; ‘Kitchen’, que indaga al’popular’ Luis Bárcenas; ‘Marbella’, sobre un empresario; ‘BBVA’, que es una causa en sí misma por la cantidad de encargos bajo la lupa; y ‘Pieza 10’, sobre revelación de secretos de Podemos. En la actualidad, está en ebullición la novena `pieza separada’, en la que García Castellón acaba de imputar al BBVA como persona jurídica, acusada de presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. El caos ha saltado al descubrirse que Francisco González había montado una trama de espionaje contra quienes pretendían, al parecer, hacerse con el banco a través de Sacyr.

La lectura de todo lo publicado sobre estas diez «piezas», que son como un compendio de la corrupción hispana, y en las que aparecen los protagonistas de las distintas mafias que pueblan este país, resultad desolador. Porque es difícil de entender que Villarejo y sus «empresas» hayan campado por sus respetos desde 1993 hasta 2015, vulnerando presuntamente las leyes, realizando investigaciones claramente ilegales y facilitando la violación del ordenamiento vigente a cambio de grandes caudales. La fortuna acumulada por Villarejo -y abonada, ente otros, por el BBVA- es mareante.

Entre noviembre de 1993 y abril de 2015 han sido sucesivamente ministros del Interior Antoni Asunción, Juan Alberto Belloch, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Ángel Acebes, José Antonio Alonso, Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz. Parece claro que con todos ellos el ministerio en el que descansaba la fuerza civil del Estado de Derecho mantenía en su seno a un grupo de funcionarios criminales que facilitaba a cambio de dinero el quebrantamiento de las leyes. Nadie se percató de ello o nadie quiso arrostrar los inconvenientes que le acarearía destapar aquel inmundo agujero en la Seguridad del Estado. Una vez más los tribunales -el Poder Judicial- tienen que salir en socorro del régimen constitucional, humillado y eclipsado por la putrefacción de uno de sus compartimentos estancos, indetectado por el Poder Ejecutivo.

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