Las opciones de futuro

De otra parte, ya es hora de reconocer que nuestro sistema institucional –Títulos IV y V de la Constitución–, que fue funcional cuando regía el modelo de bipartidismo imperfecto, ha dejado de serlo, como lo demuestra la evidencia de que llevamos cuatro años justos de inestabilidad política, desde las elecciones de diciembre de 2015. Aunque parezca que el sistema ha capeado este largo temporal sin demasiadas dificultades, la realidad es que nos estamos quedando atrás por la imposibilidad de tomar decisiones de envergadura: por ejemplo, es imposible abordar de una vez el problema de la deuda sin la capacidad de confeccionar anualmente unos presupuestos adecuados. Igualmente, no hay modo de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social si no se toman las decisiones ni las medidas adecuadas. En el primero de los asuntos -la cuestión territorial, que se concreta en el problema de Cataluña pero que abarca a todo el modelo- hay diversas opciones. Una de ellas consiste en exigir el cumplimiento estricto de la ley sin reconocer la necesidad/conveniencia de cambio alguno; el Estado dispone de recursos legales y de medios materiales para imponer el principio de legalidad sin contemplaciones. Pero hay más posibilidades dentro de la ley, que pasan por la negociación y el diálogo y que están siendo ponderadas estos días: reforma del Estatuto y/o de la Constitución para tratar de conciliar posiciones y obtener un nuevo statu quo duradero (aunque no perenne: el nacionalismo nunca perderá del todo su capacidad reivindicativa, a menos que se disuelva). Finalmente, y como soluciones teóricas, existen fórmulas radicales: la recentralización que quiere VOX y la independencia pura y simple que reclaman los independentistas previo reconocimiento del derecho de autodeterminación. La recentralización no posee respaldo suficiente –ni siquiera todos los votantes de Vox son partidarios– y la ruptura es políticamente imposible porque, independientemente de la proscripción legal, no cuenta con una masa crítica suficiente. La segunda cuestión, la inestabilidad cronificada del sistema, es también acuciante porque nos impide disfrutar de unas instituciones en plenitud, capaces de cumplir con su cometido constitucional sin las restricciones de la provisionalidad.

La imposibilidad de formar una mayoría de gobierno en cuatro años es -digámoslo claro- culpa de los políticos y de los partidos, que creen que toda concesión es humillante y que el propio diálogo es una claudicación. Se trata, pues, de corregir esta actitud impropia -algo difícil y poco creíble ya que no se ha conseguido hasta ahora- o de modificar las reglas de juego para que la estabilidad sea menos costosa.

Hay varios sistemas para facilitar la investidura presidencial, el más fácil de los cuales es el que se practica en el parlamento vasco y que consiste, como es sabido, en disponer que el lehendakari sea en segunda vuelta el candidato más apoyado en una votación en que sólo pueda optarse entre el sí y la abstención.