De indultos y amnistías

El procedimiento gubernativo que va a iniciarse para estudiar la posibilidad del indulto no ha sido instado por instancia política alguna sino por la iniciativa privada de un conocido abogado catalán, Francesc Jufresa , quien presentó la primera de las peticiones de indulto para los 12 dirigentes independentistas condenados por el procés mediante un texto de cinco folios que entró en el registro de la División de Derechos de Gracia del Ministerio de Justicia el 24 de diciembre de 2019.

Posteriormente, fueron presentadas otras peticiones de indulto, que probablemente serán incorporadas al mismo expediente. A finales de agosto, el PSC, a través del diputado Jaume Asens, solicitaba la medida de gracia y la reforma del Código Penal para desactivar el contencioso. Además, en julio, la UGT, con el apoyo de líderes de CCOO y otros sindicatos, pidió el indulto para la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa , condenada a 12 años de cárcel por sedición y malversación. En agosto, tres expresidentes del Parlamento catalán -Joan Rigol, Núria de Gispert y Ernest Benach- solicitaron el indulto para la también expresidenta Carme Forcadell, que cumple una pena de 11 años y medio por sedición. La Lliga Democràtica, una de las formaciones surgidas del estallido de CiU, también ha anunciado que pedirá la libertad de todos los políticos presos para contribuir a la "reconciliación entre catalanes". Y como es lógico, la propuesta suena bien a Esquerra Republicana, socio de investidura de Sánchez, aunque este partido seguirá prefiriendo la amnistía para los políticos catalanes encartados por los hechos de septiembre y octubre del 2017.

El trámite -lo ha advertido el ministro de Justicia- será de varios meses, probablemente más de seis, ya que ha de incorporar numerosos informes , como el del consejo de Estado y el del tribunal sentenciador. De cualquier modo, la decisión final, irrevocable, es del consejo de ministros.

Los independentistas más conspicuos no desean el indulto, que es una medida de gracia del Rey que no borra el delito sino que reduce la sanción, y aspiran a la amnistía, que sí cancela los propios hechos que han dado lugar a la pena. La amnistía no está contemplada en la Constitución de 78, aunque sí el indulto, con la particularidad de que prohíbe los "indultos generales", lo que lleva años expertos a opinar que esta prohibición indica tácitamente que las amnistías están proscritas. Y es lógico que así sea porque la ponderación de cada delito puede evolucionar con la sociedad misma, de forma que hoy no se consideren punibles ciertas acciones que antes lo fueron (Véase "La imposible aministía" del penalista Enrique Gimbernat, de octubre de 2019). En el caso que nos ocupa, cualquier observador bien informado y ecuánime llegará a la conclusión de que son gravemente desproporcionadas penas de doce años de prisión para delitos como los cometidos el 1-O de 2017 y durante el mes anterior en el Parlament de Cataluña. En consecuencia, tiene sentido, para fortalecer el imperio de la ley y reforzar el principio de legalidad, revisar técnicamente la ley penal, que seguramente facilitaría un reajuste a la baja de las penas impuestas en este caso. Una transgresión política no puede equipararse con un asesinato alevoso o con una dura violación con agravantes.

 Todos estos movimientos, en apariencia razonables, han recibido exabruptos gravísimos de sectores conservadores . Mejorar el estado de derecho y pacificar Cataluña no son agresiones al Estado sino apuestas de futuro. Deberían pensarlo mejor quienes en este país se indignan siempre demasiado pronto.