Antonio Papell
El gobierno de los jueces
El sistema de provisión de los cargos institucionales no es el ideal, pero los especialistas en derecho constitucional comparado saben bien que este ideal no existe
El Partido Popular presentó el lunes su propuesta para prestarse a cumplir su obligación constitucional de negociar con las restantes fuerzas políticas la renovación de las instituciones de designación parlamentaria, el Consejo General del Poder Judicial en primer lugar: quiere que el artículo 122.3 ... se cumpla en su más elemental literalidad, esto es, que los propios jueces y magistrados elijan directa y libérrimamente a doce de los veinte vocales. Como es sabido, en el periodo 1980-1985, el consejo general, presido por Federico Carlos Sainz de Robles, se constituyó precisamente de este modo, y fue en 1985 cuando el Gobierno de Felipe González -tan elogiado ahora por el PP con la aviesa intención de denigrar a Pedro Sánchez- decidió que todos los consejeros fueran elegidos por las cámaras parlamentarias y por mayoría cualificada de tres quintos. Desde entonces, ha variado el sistema de formación de las candidaturas pero no ha cambiado el de elección. Evidentemente, este procedimiento electivo tiende a configurar un CGPJ semejante al Parlamento, con parecidos equilibrios ideológicos internos.
El PP pretendería por tanto regresar a la prehistoria del Consejo, algo que ya intentó Gallardón en su fallida reforma de 2013, que frustró Rajoy atinadamente y llevó al entonces ministro de Justicia a marcharse a casa y retirarse de la política. La propuesta es sonrojante porque resulta notorio que existe una clarísima mayoría de jueces conservadores, lo cual no debe escandalizar a nadie, entre otras razones porque el Derecho tiene la obligación de la neutralidad. De las cuatro asociaciones judiciales, la mayoritaria es la Asociación Profesional de la Magistratura (1.300 afiliados), claramente conservadora, y en segundo lugar se ubica la Francisco de Vitoria (865 afiliados), que podría ubicarse en el centro-derecha. La tercera es Jueces y Juezas para la Democracia (520 asociados), progresista, y la cuarta, el pequeño Foro Judicial Independiente, hace gala de su neutral profesionalidad. De cualquier modo, aunque una clara mayoría de jueces y magistrados no esté afiliada a las asociaciones, el carácter conservador de la carrera es siempre un sobreentendido que pocos se atreven a poner en cuestión y que en nada afecta a su calidad, a su prestigio ni a la rectitud de su trabajo.
De otra parte, la separación de poderes no significa que todos ellos no hayan de estar forzosamente vinculados a la soberanía nacional, que reside en el Parlamento de la nación, por lo que no repugna en absoluto que el poder judicial funde en el legislativo el origen de su gobernanza. Tiene, pues, sentido que se mantenga este vínculo y que se deseche la elección directa, que por cierto es muy rara en el contexto democrático al que pertenecemos.
Lo que genera la politización de la Justicia no es, por tanto, el sistema de elección sino el servilismo de algunos jueces, que se prestan a ser utilizados políticamente, y la pervivencia del sistema de cupos, por el cual las principales fuerzas se reparten equitativamente los consejeros por el procedimiento de votarse recíprocamente a sus leales candidatos utilizando la misma proporcionalidad que la parlamentaria. Así, tenemos un CGPJ en el que hay jueces del PP, jueces del PSOE, alguno más de alguna otra minoría. y en que el juez independiente que se niega a lucir el dorsal de su adscripción no tiene cabida. Ello no significa que los jueces adscritos informalmente a un partido determinado -y se sabe que la afiliación está prohibida- no sean ecuánimes, pero la opinión pública tiene derecho a dudar de que este poder judicial sea realmente capaz de controlar la corrupción de sus patrocinadores.
En definitiva, el sistema de provisión de los cargos institucionales no es el ideal, pero los especialistas en derecho constitucional comparado saben bien que este ideal no existe. La variedad de modelos existente denota que no existe una solución fácil al incardinamiento del poder judicial en el sistema democrático. Probablemente, la solución idónea, acariciada en varios países, pasa por introducir el azar en la elección: se crea una amplia nómina de aspirantes idóneos y se elige a veinte de ellos por sorteo. Pero es muy dudoso que los partidos quieran perder el control de un poder que siempre, por instinto, intentarán manipular de un modo u otro.
