Antonio Papell
El escándalo de las residencias
La pandemia ha puesto de relieve con crudeza la nula protección de los ancianos
En la primera oleada de coronavirus , de los cerca de 28.000 muertos reconocidos por España, unos 18.000 fallecieron en residencias de ancianos. Nuestro caso no ha sido el único pero sí el más grave: en los países europeos, con sus poblaciones ... muy envejecidas, los muertos en residencias, con las notables excepciones de Alemania y Dinamarca, representan más del 50% de las muertes totales, con un máximo de 66% en el caso español. Con toda contundencia puede afirmarse que la asistencia residencial a los mayores no estaba preparada para un shock de esta naturaleza en prácticamente ningún país europeo, especialmente en España, Francia e Inglaterra.
El sistema de residencias español constituye un negocio importante por los recursos que gestiona. A 31 de diciembre de 2018, en España había una oferta de 5.457 centros residenciales con un total de 381.158 plazas, registrándose un aumento del 60% y 14% en el número de plazas y centros, respectivamente, respecto de 2001. En la actualidad, el índice de cobertura en nuestro país es del 4,21%. Algunos análisis que se han publicado sobre el particular reconocen irónicamente la suerte que hemos tenido de no disponer de una tasa de cobertura semejante a la de los países más desarrollados, que es del 8%: el número de muertos hubiera sido entonces infinitamente mayor.
Ironías aparte, lo cierto es que la pandemia ha puesto de relieve con crudeza la nula protección de los ancianos, la desconexión de las residencias con el sistema sanitario público y/o privado y, en definitiva, la pésima calidad del servicio que se ofertaba si lo que se pretendía era conceder a los mayores la mejor calidad de vida posible y no solamente un alojamiento que los mantuviera recogidos y liberara a las familias.
La situación de las residencias en Madrid fue descrita así ante los medios por un diputado regional: «Residentes abandonados por el personal, cuidadores dejados sin instrucciones ni equipo de protección, ancianos descubiertos en sus camas varios días después de su muerte, otros que huyen para evitar la epidemia... Es una atrocidad. Fue una carnicería». En efecto, hubo residencias en que el contagio llegó al 90% de los alojados, y la inmensa mayoría de infectados no tuvo acceso a centro hospitalario alguno, por lo que muchos murieron sin atención médica, en una soledad patética que es difícil no criminalizar. En agosto, médicos sin fronteras ha publicado un tremendo opúsculo de más de 80 páginas titulado «Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la covid-19 en España»; les recomiendo su lectura: búsquenlo en Google.
Porque las residencias de ancianos, antes que un servicio social, son en España un pingüe negocio. En efecto, la insuficiencia de medios en todas las autonomías hace que el 75% de las residencias de ancianos sean privadas. Tres de los cuatro mayores actores que han invertido en este sector pertenecen, total o parcialmente, a grupos o fondos de inversión franceses. Por orden de importancia: DomusVi (138 residencia en todo el Estado), Orpea (propiedad de un fondo de inversión canadiense y de FFP, la compañía de inversiones de la familia Peugeot) y Amavir (propiedad de la familia Mulliez, que también es propietaria, entre otros, de Auchan y Leroy Merlin). Lo cierto es que son grandes multinacionales subvencionadas con fondos públicos -en el caso de DomusVi las subvenciones llegan al 65%- que realizan en España un gran negocio: Según la consultora DBK Inform, en 2018 el sector de las residencias de ancianos en España representaba unos 4.500 millones de euros, un 3,4% más que el año anterior.
Este análisis no es un trabajo de investigación. Se han relatado verdaderas atrocidades sobre las residencias privadas de estas tres compañías foráneas, pero las opiniones vertidas sobre las restantes tampoco quedan cortas. A estas alturas, los partidos deberían haber tomado cartas en el asunto, el Parlamento debía haber organizado una comisión de investigación urgente y la Fiscalía del Estado debía haber abierto un procedimiento. Nada de todo esto se ha hecho. Muy penoso todo.
