Antonio Papell
La comisión de reconstrucción
Lo lógico e inteligente es aprovechar la coyuntura para promover un salto cuantitativo, para impulsar los procesos de modernización pendientes
Ha sido noticia que la primera sesión, celebrada la pasada semana, de la comisión de reconstrucción creada en el Congreso para intentar planificar la salida de la crisis económica suscitada por la Covid-19, a la que no ha acudió Vox, se desarrolló « ... con un inesperado clima de consenso », y prueba de ello es que «los grupos no profirieron ni insultos ni ataques, políticos o personales». Esta información, que proviene de uno de los grandes periódicos estatales, aclara que a esta paz súbita «ayudó mucho la intervención de la portavoz popular, la médica y expresidenta de la Cámara, Ana Pastor, que no lanzó siquiera una sola crítica ni al Gobierno ni a ninguno de sus componentes». Pastor es una extraordinaria excepción en el zoo de criaturas vociferantes que es nuestra política.
En la reunión se decidió que la comisión, presidida por Patxi López, un político pacífico y con mano izquierda, y que deberá concluir a finales de julio, escuchará la opinión de 41 comparecientes, miembros del Gobierno y de la sociedad civil. Por el Gobierno, depondrán ante la comisión los vicepresidentes Iglesias, Calviño y Ribera, y los ministros Illa, Díaz, González Laya y Montero.
Reconstruir este país después de la Covid-19 es una tarea hercúlea que no debería limitarse a procurar que, en lo posible, al término de la pandemia las cosas vuelvan a ser como eran en enero pasado. Con independencia de que tal designio es imposible -no todo lo que se aletarga puede resucitar, ni tiene sentido que así sea-, lo lógico e inteligente no es devolver a la vida lo anestesiado sino aprovechar la coyuntura para promover un salto cuantitativo, para impulsar los procesos de modernización pendientes, para acelerar empresas -la lucha contra el cambio climático, la digitalización- que necesitaban un catalizador y un incentivo para ponerse en marcha. Y es muy dudoso que semejante especulación intelectual pueda realizarse en menos de dos meses, en los ratos libres que sus múltiples ocupaciones dejen a un grupo de parlamentarios de segundo nivel.
El plan de trabajo de la comisión que fue planteado inicialmente por los socialistas estaba formado por cuatro bloques: sanidad, reactivación económica, políticas sociales y Unión Europea. En esta arbitraria clasificación la educación estaba incluida en el bloque de reactivación económica, pero finalmente, en el documento constitutivo, ha pasado al de políticas sociales, cuya tarea se guiará por la siguiente descripción oficial: «Acordar medidas para el refuerzo de nuestro sistema de protección social y de los cuidados, de forma que se pueda garantizar la dignidad y el bienestar de las personas que resulten más vulnerables como consecuencia de esta crisis. Se tratarán también las políticas educativas y culturales.» No hace falta aguzar el ingenio para entender que la cuestión educativa queda como un estrambote irrelevante en el soneto de la preocupación social. Sus señorías no han entendido que este país, que apenas dedica a la educación el 4,2% del PIB (está en la parte baja de la UE), saldrá de la crisis si consigue ganar productividad gracias a la reforma intensa y lo más consensuada posible del modelo educativo y a una inversión creciente en I+D que al menos nos iguale a los países del entorno, que hoy nos doblan en semejante partida estratégica.
