Un alcalde procesado

Ya hay fecha para ver una escena poco reconfortante, descorazonadora para todos los demócratas de bien, al margen de sus filias, fobias y adscripciones partidistas. Será el próximo 26 de abril cuando el alcalde de Cádiz, José María González, se siente en el banquillo para responder ante la Justicia de las supuestas injurias y calumnias vertidas contra el PP en el ‘caso Loreto’ . Le acompañarán, como lo hicieron aquel día en el centro público de la plaza de la Aviación, su jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, y el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza. Es una escena que implica una cierta derrota, o decepción, colectiva por más que el regidor jugara con fuego a la hora de explicar la gestión del anterior equipo de Gobierno en la crisis del agua de ese barrio, en aquel octubre de 2014.

Como toda la ciudad recuerda, una contaminación bacteriológica en la red de tuberías obligó a cortar el suministro en la zona durante 14 días. Los tres procesados acusaron al anterior equipo de Gobierno durante una asamblea vecinal en marzo de 2016 de dar agua al barrio «a sabiendas de que estaba contaminada» durante varias jornadas. Se trata de una afirmación grabada y recogida por los medios que asistieron aquel día a la asamblea. Después vinieron las explicaciones, los matices y el juego de palabras, sin embargo, el PP decidió poner el asunto en manos de los tribunales ante lo que consideraba como una acusación «muy grave».

El alcalde ganó la primera batalla , ya que el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz archivó la denuncia, pero fue la Audiencia Provincial la que reabrió el caso y, al cabo, ordenó el juicio contra el alcalde por estas palabras pese a que la Fiscalía optaba por no presentar cargos contra el regidor gaditano al considerar que fueron meros comentarios políticos. El juez dictará sentencia, pero queda claro que el debate político, por mucho debate que sea, se debe hacer bajo el respeto. El regidor de Cádiz, su jefe de Gabinete y el exedil de Medio Ambiente acudieron a la asamblea vecinal de Loreto con ganas de levantar al barrio contra el PP pero, el tiempo, les pone ante un tribunal.

Las acusaciones particulares solicitan penas de 24 y 14 meses de multas por ambos delitos, la publicación de sentencia a costas de los procesados en los medios donde se difundieran las calumnias e injurias que se enjuician, y la indemnización a los querellantes en concepto de responsabilidad civil. Muy triste.