El alcalde empecinado

El gobierno municipal de Cádiz se quedó solo, de nuevo, frente a todos los grupos de la oposición y, lo que es peor, frente al sentido común. La sensatez se impuso en el Pleno del Ayuntamiento gaditano para tumbar la moción presentada por el equipo de Gobierno y defendida sin sentido del ridículo ni autocrítica por el alcalde de Cádiz, José María González Santos. Esta semana, tras confundir el sentido de una respuesta parlamentaria y entender que los puestos de trabajo de Navantia corrían peligro, lanzó un mensaje alarmista y puso toda su maquinaria propagandística al servicio de un aviso equivocado. Cuando supo que el anuncio no era tal, mantuvo el error. Tan es así que ayer trató de poner en pie una propuesta que hacía referencia a la supuesta intención de la SEPI de aplicar medidas de organización y de racionalización industrial en el sector naval.

Como resaltó el mayor grupo de la oposición, el regidor había «metido la pata al confundir racionalización con despidos y con recortes». Pero lo más grave es la negativa a reconocerlo cuando ya resulta evidente.

No tiene sentido exigir al Gobierno que garantice los empleos en los astilleros cuando lo hizo en la víspera, cuando los sindicatos han desconvocado protestas, cuando todas las partes están ilusionadas por la mayor carga de trabajo en muchos años. Esta satisfacción no quita que sea necesario rejuvenecer la plantilla, impulsar la formación o mejorar el reparto de funciones. De eso se habla, y no de despidos.

Durante la discusión plenaria, el alcalde se refugió en solicitar los compromisos por escrito cuando los propios trabajadores ya los han dado por buenos. La petición iría destinada, nada menos, a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la presidenta de la SEPI, Pilar Platero cuando ambas habían ofrecido las garantías apenas 24 horas antes, apenas a 20 kilómetros de distancia de San Juan de Dios, en San Fernando y durante la botadura del BAM ‘Audaz’.

El rechazo a la iniciativa deja claro que el Gobierno municipal de Cádiz y especialmente su máximo responsable se aferran a cualquier ocasión, incluso sin razón ni motivo, con tal de encender las sirenas de la alarma social. Como en el caso de las familias desfavorecidas o los niños en riesgo de exclusión, la utilización de información deformada para atacar al contrario político es una falta de respeto hacia los ciudadanos.