Una agonía infinita

Los extrabajadores de la factoría de Delphi siguen purgando sus penas diez años después del cierre de la factoría.Se trata de una agonía que no tiene fin. El juzgado de lo Social número 3 de Cádiz trata ahora de aclarar si las prestaciones que cobraron los exdelphis gracias al contrato que reguló su formación entre los años 2009 y 2012 fueron o no legales. El juez había citado este lunes a los representantes sindicales del colectivo y a técnicos de la Fundación Universidad y Empresa (Fueca) para tomar declaración como testigos y poder así iniciar el procedimiento judicial abierto a raíz de la denuncia interpuesta por la Fundación universitaria, encargada de impartir esos cursos en la última etapa. La voz de alarma de esta penosa situación contra el colectivo exdelphi la dio en 2014 la Inspección de Trabajo, que detectó irregularidades en los contratos de formación de estos extrabajadores. Durante tres años, el colectivo que no fue recolocado firmó un contrato laboral bajo la mediación de la Junta mediante el cual los extrabajadores percibían una remuneración y, además, les permitía acumular tiempo para una futura cotización por desempleo. La pregunta que se hace la Inspección es: ¿cómo se puede hacer un contrato laboral a un parado que le permite percibir un sueldo por formación y, además, le garantiza tiempo de cotización para cobrar el desempleo? La respuesta es obvia: nuestro ordenamiento laboral no contempla esta figura, sin embargo, la Junta siguió adelante con ello. El origen de la denuncia lo encontramos en la Fueca, ya que la Seguridad Social les reclama la devolución del dinero que percibieron los exdelphis en concepto de prestación. La Fueca ha puesto el caso en manos de la justicia y ha sido el juez de lo Social el que trata ahora de aclarar el entuerto. Los exdelphis por esos tres años de formación han tenido derecho a cotizar por el desempleo, algo que, a todas luces, no está claro. Sin embargo, es evidente que el colectivo es el último eslabón de la cadena. Los extrabajadores firmaron lo que la Consejería de Empleo, entonces bajo el Gobierno de Manuel Chaves, les puso sobre la mesa. No es de recibo que estos extrabajadores paguen los platos rotos de una mala gestión de la Junta que, finalmente, se ha desentendido del caso. La justicia aclara que en la demanda no se entra a valorar quién o quiénes idearon el contrato, sino el cobro de una prestación. Es decir, una actuación para depurar responsabilidades implica la presentación de otra demanda. De hecho, la asociación de extrabajadores de Delphi presentó en 2016 una denuncia contra los expresidentes Chves y Griñán.