Por fin

Ha estallado el Título VIII de la Constitución. Culpables: los poderes catalanes. Responsables: todos los partidos que han gobernado España desde 1978. Desde el primer día de la andadura del nuevo Estado creado en 1978, la deslealtad ha sido manifiesta, a pesar de que el pueblo catalán apoyó como el que más la norma suprema, como marco competencial básico del Estado. El voto favorable superó el 90%. Los gobernantes catalanes, tripartito incluido, han maquinado para encontrar este final. Es un golpe de Estado conformado poco a poco. En los últimos tiempos, desde 2012 todo se ha acelerado. Las instituciones españolas han sido incapaces de pararlo en seco, como hay que parar los incumplimientos legales flagrantes. Al delincuente que delinque de manera flagrante se le detiene, se le juzga y se le encarcela con arreglo a las normas del Estado de Derecho. De momento sólo hay tres ‘eminentes catalanes’ en donde deben estar. Los tres jordis. Tres potenciales delincuentes. Los tres con las miras puestas en la independencia para que el «nuevo Estado» los rehabilites como mártires.

El Derecho es la base de las sociedades civilizadas. Las leyes existen para salvaguardar a todos los individuos y promover el bien común, como expresión que es de la voluntad popular, residenciada en la nación española. El Derecho no puede servir a los intereses de unos pocos o menos pocos privilegiados. El imperio de la Ley es un principio de gran raigambre constitucional. Venerado en los estados democráticos liberales. Significa que la Ley debe imperar, debe proporcionar el marco dentro del cual los ciudadanos deben actuar y que nadie, ciudadano o poder público puede transgredir. De ahí que los liberales desde Locke, han considerado el Derecho no como una restricción del individuo, sino como garantía esencial de su libertad. Sin la protección de la Ley, cada ciudadano está bajo la amenaza constante de cualquier otro ciudadano o de los propios poderes públicos.

No se le puede atribuir toda la responsabilidad al Gobierno de la inaplicación de todas las medidas legales que debieran haber devuelto la normalidad a Cataluña. Ciudadanos en un principio se opuso a la aplicación del artículo 155. El PSOE, maniatado en sus «mismísimos bajos» por el PSC, siempre se ha opuesto y en su caso ha generado la duda. El discurso del Rey encendió el cerebro de Rivera y exigió con nitidez su aplicación. Sánchez ha mantenido su ambigüedad calculada, aceptándolo al final a regañadientes. Y ante la consumación del golpe de Estado el día 10 de octubre en sede del Parlamento catalán, no cabe otra cosa que la aplicación del artículo 155 y que la justicia española enjuicie a todos los golpistas para que se pudran en la cárcel. El Presidente de la Generalidad dijo: «El Presidente de la Generalidad toma para sí el mandato de que Cataluña se convierta en una República. Esto es lo que hoy toca hacer. Por responsabilidad y por respeto». A continuación dice: «Con la misma solemnidad, el Gobierno y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia». Por lo tanto no llego a entender el circunloquio en el que ha consistido el «requerimiento» previo al procedimiento propio de la puesta en marcha del artículo 155.

España tiene un problema. Los problemas se solucionan. Con el que ahora tiene, el Estado nunca debe fundamentar su inacción en la locución latina «ad impossibilia nemo tenetur», (a lo imposible no se está obligado). Los marxistas como los nacionalistas, han considerado el Derecho, la política y la ideología, como parte de una ‘superestructura’, condicionada por el status quo. Sus actuaciones ‘revolucionarias’ tienden a romper con lo que hay. Romper con el ‘stutus quo’ que representa el ordenamiento jurídico. Romper con la Constitución. Bienvenido sea la aplicación del artículo 155. «Alea iacta est» y que sea para bien de todos los españoles.