EL CONTRAPUNTO
Asalto al Constitucional
Los dos 'progresistas' candidatos a presidir el TC, Conde Pumpido y Balaguer, representan en sí mismos una amenaza
La composición del Tribunal Constitucional resultante de los últimos nombramientos dibuja un panorama sombrío para los próximos años. Años cruciales en dicho órgano, dado que habrá de resolver demandas de enorme calado resultantes del uso y abuso que el Gobierno y sus socios han hecho ... y harán de su capacidad legislativa. La principal de ellas, a nadie le quepa duda, referida al encaje constitucional del referéndum de autodeterminación, o como quiera que lo llamen los maestros del eufemismo engañoso, que a buen seguro pondrán sobre la mesa los separatistas catalanes antes de que concluya el mandato de Pedro Sánchez. Cuando se confunde el Congreso de los Diputados con la democracia en sí, se pretende aniquilar la independencia del poder judicial sometiéndolo al control de los políticos, además de cubrir de insultos a los jueces cuyas resoluciones los contrarían, y se sustituye el concepto de 'soberanía nacional' por el de 'soberanía popular', con el fin de inculcar en las mentes de los ciudadanos la idea de que los representantes de una determinada mayoría están legitimados para hacer lo que les venga en gana, en virtud de esa ventaja coyuntural, lo que se pone en cuestión es el Estado de derecho definido en nuestra Carta Magna. Un marco legal fruto del amplio consenso alcanzado en 1978, sometido a una presión sin precedentes por un Partido Socialista, ni obrero ni español, abrazado a los postulados de Podemos y los independentistas.
Por más que el presidente saliente, Pedro González Trevijano, se haya esforzado por desvincular a los miembros del TC de los partidos que los proponen, resulta imposible pensar en Juan Carlos Campo y olvidar que ocupó el Ministerio de Justicia en el primer Ejecutivo de Sánchez. Otro tanto cabe decir de Laura Díez, ex directora general del Ministerio de la Presidencia. La desvergüenza en la colocación de peones obedientes al presidente es de tal calibre, que no hay buena voluntad capaz de disimularla. Más que renovación, ha sido un asalto en toda regla, cuyas dramáticas consecuencias no tardaremos en comprobar, quién sabe si de forma irreversible. Para empezar, los dos candidatos 'progresistas' a presidir la corte llamada a interpretar nuestra Constitución representan en sí mismos una amenaza. El favorito, Cándido Conde Pumpido, porque durante su etapa como fiscal general del Estado, en época de Zapatero, se comprometió públicamente a «mancharse la toga con el polvo del camino» en la negociación con ETA, y vaya si lo hizo. El difunto Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional, pagó con su cabeza su negativa a contaminarse con ese fango sanguinolento. La alternativa, María Luisa Balaguer, porque opina que «el TC está para apaciguar conflictos» (sic) y se muestra partidaria de un «derecho constructivista», asegurando que «es necesario superar la ley». Descartada la imparcialidad, ausente en ambos magistrados, veremos si el elegido resulta ser fuego o brasa.
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