Opinión
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Los miles de asesores del PSOE que pagamos los contribuyentes han maniobrado para tergiversar la historia del mayor escáñalo de corrupción de la historia de la España contemporánea
Los miles de asesores del PSOE que pagamos los contribuyentes han maniobrado para tergiversar la historia del mayor escáñalo de corrupción de la historia de la España contemporánea. Modificaron el relato inserto en Wikipedia, tildando el mismo de invento. Dijeron que la cuantificación del fraude ... por ABC en 680 millones se hizo sin ningún respaldo judicial. Y a continuación se acusaba a la prensa de modificar la opinión pública. A los tres días de la publicación se produjo la rectificación y, lo hizo de la siguiente forma: la justicia cifró el fraude en 680 millones, borrando que «ninguna sentencia dijera eso». La instrucción de la Juez Alaya supuso la posterior condena de los encausados, primero en la Audiencia de Sevilla y posteriormente, por el Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte nueva sentencia acotando los delitos y las penas a la nueva doctrina ínsita en su resolución por entenderse vulnerados derechos fundamentales de los encausados.
Además, la sentencia del TC sigue apreciando un delito de prevaricación en la gestión de fondos de la partida 31-L, sosteniendo que hubo malversación en el desvío de ayudas a empresas y trabajadores beneficiarios de ayudas y proyectos que nada tenían que ver con las finalidades atribuidas a la partida presupuestaria 31-L, durante los dos primeros años de funcionamiento de las ayudas (1999-2000).
El relato de los hechos probados en la sentencia de la Audiencia de Sevilla no ha sido invalidado por el TC. En consecuencia, quedó y queda probado que el gobierno del PSOE-A repartió mediante un sistema discrecional, sin controles ortodoxos del derecho administrativo y presupuestario, antes y después de su concesión, las ayudas a determinados trabajadores (que no se encontraban en situación legal para la obtención de las ayudas, incluidos los intrusos (casi siempre relacionados con el PSOE y su sindicato hermano). Amén de 90 millones que fueron a parar para el enriquecimiento personal o para la obtención de un lucro político directo: coca, putas y compra de la paz social para mantenerse en el poder, como bien más preciado de la clase política, impedida por preparación y laboriosidad para encauzar su «modus vivendi» como el resto de los ciudadanos.
El TC diferencia entre los años 1999-2000 y a partir de 2009 y el núcleo del problema sujeto a la resolución del TC, circunscrito a los años 2001-2009. Los dos primeros años, la partida presupuestaria y la gestión de la misma, se instituyó en una orden de la Junta. Posteriormente (años 2001-2009), el contenido de la misma fue inserta en la Ley de Presupuestos de la CC.AA y aprobada por el Parlamento andaluz. Y el TC vino a decir que, al ser aprobada como tal, aquellos que tomaron decisiones de gestión sobre la misma no pudieron obrar ilegalmente por tener amparo legal en una ley. No obstante, el camarada Pepe Griñán advirtió en las puertas del Tribunal Supremo en 2015 que «no creo que hubiera un gran plan, pero hubo un gran fraude».
