OPINIÓN
Trabajar menos y vivir peor
Hemos advertido que el segundo elemento de la función de producción es el salario
Ha dicho Viceyolandia que es «casi de mala persona negarse a recortar la jornada en media hora» y concluye, «no comprendo como un ministro socialista se opone a la reducción de jornada». Menos mal que para ella no reducirla sigue siendo casi de buena persona. ... Además, sí un socialista decide reducirla, otro socialista puede que decida aumentarla. Lo que haga la progresía patria siempre va a encontrar justificación según el argumento empleado. Lo que significa que cualquier decisión en manos de la izquierda, es posible y acertada, porque ellos piensan por todos y, además tienen el corazón que les rebasa la caja torácica, por lo que la bondad de lo decidido se presume.
Reducir la jornada máxima legal en 3,5 horas semanales y no verse acompasado de una reducción proporcional del salario, supone que los costes de las empresas se incrementan por mor de la decisión en un 6,5%. Sí trabajamos menos, produciremos menos. Lo producido será más caro en ese porcentaje. Lo que supondrá una reducción del índice de productividad del factor trabajo. La productividad española es muy baja, acorde al sistema productivo que tenemos, basado en productos y servicios que incorporan poco valor añadido. Y sólo se mantiene porque la masa salarial real es baja comparativamente. La función de productividad, suponiendo que mantenemos en el corto y medio plazo la inversión («caeteris paribus», ósea, manteniéndola igual), se conforma con la interacción de dos variables: precio del trabajo (salario) y tiempo de trabajo (jornada). Por ende, si reducimos el tiempo de trabajo, para mantener el índice de productividad, deberíamos reducir el salario, para mantener constante el índice resultante de la función.
Hemos advertido que el segundo elemento de la función de producción es el salario. El SMI ha subido desde 2018 el 54%. Se ha hecho contraviniendo el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores que dice al respecto que, debe realizarse teniendo en cuenta el IPC (19,4% durante ese período), la productividad (bajó 2,9%) y la coyuntura económica (tenemos la mayor tasa de paro de la UE: 11,5%). En consecuencia, ese incremento no se sostiene legalmente, económicamente tampoco. Esos sucesivos incrementos de salarios vía Real Decreto han invadido las tablas salariales convencionalmente (convenios colectivos) acordadas. Al incrementarse el salario legalmente exigido, ha hecho que los pactados sean compensados y absorbidos. Produciendo un gran problema: la igualación de muchos salarios, con independencia de las categorías profesionales. Como conclusión, Viceyolandia utiliza sus dos herramientas sin casi conocimiento de las causas y los efectos perversos que se producirán en el medio plazo: vivirán peor y cobrarán menos en general los que no dependan de la imposición legal del salario.
