Las cosas son lo que parecen

La Constitución regula todo lo atinente al CGPJ en el artículo 122, optando por un sistema abierto en lo concerniente a la elección de sus integrantes como órgano de gobierno. A tal respecto manifiesta que una ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales. A continuación, establece la composición del órgano de gobierno del CGPJ y la elección de sus miembros, cuando dice que, estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas.

En 1980 se promulgaba la primera Ley Orgánica del Poder Judicial, que entre otras cosas desarrollaba la forma de elección de jueces y magistrados para conformar el órgano de gobierno. Con el PSOE en el gobierno desde 1982, la izquierda considero vital crear una asociación judicial acorde con el credo político de la izquierda española. Nace la asociación judicial de juezas y jueces para la democracia, fundada en 1984 por escisión de la Asociación Profesional de la Magistratura. Como quiera que entonces (y ahora también, la APM es mayoritaria de manera abrumadora entre jueces y magistrados), el PSOE «reconsideró la defensa de la independencia judicial» auspiciada por Peces Barba años atrás, y acomete la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. Ésta, modifica el mecanismo de elección previsto en la de 1980 y desde entonces (1985), los 20 vocales son propuestos por una mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras y nombrados por el Rey. Son 10 elegidos por el Congreso de los cuales seis son entre jueces y magistrados y cuatro entre juristas de reconocida competencia y otros 10 propuestos por el Senado, divididos de la misma manera. Con ella la premonición del hermano del hermanísimo: «Montesquieu ha muerto». Ahora «Snchz» corrobora el desprecio de los gobiernos del PSOE a la independencia judicial y la división de poderes.

Si el CGPJ está politizado y lo está por razones obvias desde 1985, pasando incomprensiblemente por los gobiernos de Aznar y Rajoy (decían una cosa, y hacían otra), cualquier nombramiento que se haga tendrá apariencia de politización. Lo que va en contra de los designios de la UE. Pero, el inefable presidente que nos desgobierna en interés propio y nada más, ha promovido la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de limitar las competencias del CGPJ cuando éste se halle en funciones. Y de manera espuria lo justifican por analogía con las limitaciones en las que se encuentra el gobierno de la nación cuando se encuentra en funciones. En una democracia parlamentaria, la disolución de las cámaras limita las funciones del gobierno, porque éste debe su existencia a la confianza de las cámaras. Y es aquí donde radica la verdadera politización de la justicia desde 1985, cuando se equipara lo dicho para el gobierno, aplicándosele al CGPJ. Pretender como ahora se hace que, la confianza del CGPJ descanse en las Cámaras, es supeditar un poder del Estado a otro, lo que contradice cualquier consideración de la debida independencia de ese otro poder. Lo que justifica la crisis reputacional de España ante la UE en materia de justicia. Modificar el sistema es imperioso para adecuarnos a los estándares europeos, exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de la UE.