Opinión
La nación y el pueblo
Muchos a duras penas hablan y escriben como Dios manda, lo que tiene como primera consecuencia, dificultades en la búsqueda de la razón
Platón, Aristóteles y Ortega, entre otros, debieran ser leídos por los políticos españoles antes de acceder a cualquier tipo de cargo público. Lo que es pedir demasiado. Muchos a duras penas hablan y escriben como Dios manda, lo que tiene como primera consecuencia, dificultades en ... la búsqueda de la razón. En cualquier caso, les recomiendo se esmeren en la lectura de los sabios del pasado. En «República», el primero de los mencionados realmente llamado Aristocles, decía que los ciudadanos debieran esforzarse por obedecer las leyes. Sobre los gobernantes, que son ante todo servidores de las leyes: «la ruina se acecha a una ciudad cuyas leyes no se respetan y carecen de eficacia». Cuando las leyes son correctas tienen la doble misión de servir al bien común y perfeccionar al individuo. El drama, nuestro drama comenzó un día de 2004, cuando el inefable ZP dijo que, «aprobaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». A continuación, manifestó en el Senado que «la nación es un término discutido y discutible». En el fondo y en la forma había dispuesto la renuncia de los españoles a la nación española, para reconocer a los catalanes la nación catalana.
En la Iglesia de san Felipe Neri en 1812 exclamó Argüelles: «españoles, aquí tenéis vuestra patria». Una patria que daba cobijo a un principio esencial del constitucionalismo, que se estrenaba con esa Constitución de 1812 y que creaba el Estado de Derecho: «la soberanía nacional», que reside en la nación española, integrada por la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Correspondiéndole como principal tarea, «conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen». Ahora, hoy, nos encontramos inmerso en la mayor crisis institucional desde la Ley de Reforma Política de 1976, por la que se daba inicio formal a nuestra modélica Transición. La ley en España está en crisis y a esa situación la ha llevado el gobierno y su forma de legislar mediante RD-Ley y Proposiciones de Ley. No sólo eso, el gobierno ha recurrido al concepto de voluntad popular expresada en las elecciones de 2019…para distraer al único sujeto político español que no es otro que la nación española. Se observa con nitidez el camino que transita el gobierno. Campos, el que fue ministro y ahora y sin solución de continuidad en la práctica, magistrado del TC, ya advirtió que España estaba en una «crisis constituyente» que exige un «debate constituyente». Sí, el mismo que dijo que, tramitar las peticiones de indultos «era una cuestión obligada». Pero eso no es lo peor. Lo peor es que él es parte de la crisis institucional que padecemos. Sólo por vergüenza, debiera guardar las formas un poquito. Observen como la izquierda, ha comenzado a utilizar el concepto de soberanía popular, omitiendo la soberanía nacional. Para ello, el PSOE que nos desgobierna ha dispuesto como eje central de su acción política, el enfrentamiento entre legitimidad democrática surgida de las urnas y la legalidad. Ello tiene un efecto claro, silenciar que la democracia es el gobierno de la Ley. Se amparan en el «gobierno del pueblo», porque pretenden encauzar su política basada en la soberanía popular. Mientras la nación es un concepto omnicomprensivo de todos los ciudadanos españoles (desde la Isla del Hierro hasta los confines de Gerona), diferente del concepto «pueblo». Pretende la izquierda colocar por encima de la Constitución y la Ley, la soberanía popular ejercida por los representantes del pueblo. Precisamente, el TC en 2015 ya manifestó que, «en el Estado social y democrático de derecho configurado por la CE, no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda…Sin conformidad con la CE no puede predicarse legitimidad alguna…» Sólo cabe la legitimidad del poder fundado en la CE. La Constitución es el fundamento de todo Estado legítimo y supone el amparo de todos los ciudadanos contra el despotismo. Sí antes fue ZP, ahora nos toca ver y oír a «Snchz». A éste le digo que, Roussseau que fue un ferviente creyente en la soberanía popular, jamás vaciló en su creencia consistente en que la voluntad general era un todo indivisible (la nación). El Estado español de las autonomías, no es un Estado federal en el que existan dos niveles competenciales o soberanas. La CE alude a la soberanía nacional, que reside en el pueblo español. En absoluto se alude al concepto de soberanía popular. Su uso reiterado y torticero no es neutral. La nación es la comunión de todos los ciudadanos españoles, no es el pueblo al que se refiere la izquierda patria. Estamos inmerso en una guerra cultural desde la década de los 70 del pasado siglo. ¡Cuidado con los conceptos! El artículo 1.2 CE no admite ambages. Espero que para Campos tampoco.
