OPINIÓN
Inconsistentes limitaciones legales de oferta
Para muchos políticos rigen los criterios de oportunidad política y la bajada de pantalones
El oligopolio de oferta es representado por un mercado caracterizado por el elevado número de demandantes frente al de oferentes. El oligopolio no es un mercado normal, sino forzado, puesto que los oferentes, por ser pocos, no consideran los precios como independientes de su actuación. ... Sin embargo, la ventaja intrínseca de las economías libres es la competencia entre empresas en sus respectivos mercados. El consumidor es plenamente soberano para cambiar de suministrador, cotejando la relación calidad-precio del servicio por él demandado. El consumidor, en su decisión «elección racional», optará por no consumir el servicio prestado por una empresa que trate de hacerlo peor que el resto, subiendo los precios o empeorando la calidad de sus productos. Pero, en un mercado en competencia, las primeras interesadas en no adoptar esas decisiones son las propias empresas, las preocupadas en seguir ofreciendo el servicio a los mismos «bajos precios» y con las mismas «altas calidades» de siempre. La situación descrita se desvanece cuando emerge una empresa que no tenga competidores directos o en su caso, cuando varias empresas se confabulen para lucrarse a costa de los consumidores. Es la situación que supondría la existencia de monopolios, oligopolios o cárteles. Funcionan en un mercado disfuncional, que impide la competencia y con un claro perjudicado: el consumidor.
En España existen ciertas actividades que condicionan los más elementales mecanismos de mercado. Por el lado de la oferta, los taxistas, las farmacias, los estancos y yo me atrevería a incluir aquí a los prestadores privados de ciertos servicios públicos y por supuesto cualquier empresa pública. Además, hay ciertos colectivos que por razones estratégicas determinan la composición de la mano de obra prestadoras del servicio, impidiendo el ajuste natural del precio del factor trabajo, o sea del salario, como son los controladores aéreos y los estibadores portuarios. Todos ellos restringen la competencia y los únicos culpables son los gobiernos de turno. Con independencia de las siglas.
Para muchos políticos rigen los criterios de oportunidad política y la bajada de pantalones. Comentemos uno sólo de eso sectores. En 2017, navegando por turbulentas aguas aparece la estiba. El conflicto entre Bruselas y Madrid se inició en 2011, cuando la Comisión Europea consideró que la Ley de Puertos del Estado violaba el artículo 49 del Tratado de la UE sobre libre prestación de servicios. Desde hacía años la UE exigía a España la adaptación de su legislación portuaria a las exigencias europeas en materia de competencia, centrando el problema en la estiba portuaria. Los jueces europeos consideraron que el incumplimiento de la sentencia se había prolongado por un período de más de dos años. España fue sancionada por incumplimiento en la adaptación de la normativa sobre la estiba.
Desde 2011 estamos tutelados por la UE, directa e indirectamente. Rescató al sistema financiero público (Cajas de Ahorros), gestionadas por desalmados políticos, entre los que encontrada el ínclito «Snchz» como consejero de la Asamblea de Caja Madrid. Háganme caso, cuando la cosa no es tuya, tus decisiones no son objetivas, hay una carga subjetiva e interesada en las mismas. Además, díganme lo que Cum Fraude sabía en 2011 de economía y sabe ahora: nada de nada. Con gente así se fue «al carajo» como diría Milei el sistema financiero público español, que no el sistema privado que aguantó el envite financiero de la crisis «sub prime». La crisis no nos llevó por delante porque la UE estaba ahí. El Estado todopoderoso, el «buenismo» del Estado que redistribuye hasta la sangre del contribuyente, son algunos de los calificativos atribuidos al Estado, no sólo por la izquierda, también por los populistas recalcitrantes de la derecha, que no son pocos. Menos mal que una vez más Europa estaba ahí. Y hablando de sangre, el problema de la medicina en España se acrecienta a pasos agigantados. De un hipotético buen sistema de salud pública, desde hace una década al menos, el deterioro es palpable.
Hablando con un amigo médico, muy buen médico, que ha ejercitado la medicina pública y ahora exclusivamente privada, me decía que la asistencia sanitaria pública, no podía estar sujeta a condicionantes presupuestarios de ninguna índole y manera. Sin embargo, cuando atiende, opera a sus pacientes privados, pacta con el paciente el precio de la intervención o consulta. Es decir, admite, la condición de acto económico, al acto médico privado, pero no lo hace cuando es público. Lo que es absolutamente inconsistente. Pero, ahora, la problemática que subyace estos días es en la atención primaria y en las urgencias. Dicen que no hay médicos y que hay que buscarlos en el extranjero. Y, sin embargo, el sistema ideado para ingresar en las facultades es el de «número clausus». Lo que es un gran absurdo, más si cabe ahora, que hacen falta. Además, las contingencias que suponen la pirámide de población se conocen con décadas de anticipación. Me da la impresión de que algo tendrán que decir los Colegios de Médicos, porque en esa política restrictiva de ingreso en las facultades, la única finalidad con justificación es la de restricción de la futura oferta de mano de obra médica, llevándonos como en otros sectores ya referidos, a oligopolios de oferta.
La solución a la racionalización de la atención primaria y, por ende, al empleo de los efectivos médicos y administrativos a las funciones que justifican su existencia: diagnósticos y tratamientos a enfermedades generales. También es el profesional que remite a los pacientes a los médicos especialistas. Por lo que sugiero se descargue a este colectivo de la gestión instrumental de las altas y bajas en los procesos de incapacidad temporal. La gestión de la incapacidad temporal en España se ha convertido, desde la creación del Estado autonómico en causas de disfunción, entendida esta como trastorno o alteración en el funcionamiento de una cosa.
En 1985 se contempló la imperiosa necesidad de reforma del Sistema de Seguridad Social, para su racionalización y hacerlo viable en el futuro. La miopía sindical impidió el desarrollo de la norma. Una huelga general auspiciada por los sindicatos más representativos y la consiguiente bajada de pantalones de los promotores de la Ley 26/1985, paralizaron el inicio de las reformas de nuestro Sistema de protección. Era un momento más que apropiado para hacerlo y proyectar un nuevo modelo, que ahora previsiblemente sería sostenible (en Suecia se hizo la reforma por aquel entonces). Corría el año 1994 y se hacía público un informe sobre el fraude en España y el más preocupante en aquellas fechas, detectado por la Comisión auspiciada en el seno del Ministerio de Hacienda, era el que se derivaba de la prestación de la «Incapacidad Laboral Transitoria» (ILT), hoy Incapacidad Temporal (IT). La historia se encarga de recordarnos que la economía es cíclica y los procesos derivados de ella, si no se corrigen de raíz vuelven. Se decide entonces que las Mutuas de Accidentes de Trabajo gestionen la prestación económica de la reformada prestación de ILT, por la nueva de incapacidad temporal, creada por Ley 42/1994. En su virtud, se otorgaba la posibilidad de la gestión económica, pero sin disponer de las competencias instrumentales sobre las altas y las bajas médicas relacionadas con esa prestación. Los Servicios Públicos de Salud la siguen ostentando. Lo que en el fondo impide responsabilizar a dichas entidades colaboradoras de las reales competencias que asumen, ya que se les impide los más básicos elementos de gestión. Quien paga (la mutua) debe tener esas competencias, porque, si no como hacerlos responsable de su gestión. Desde 1994 la ley recogía esa necesidad, pero decía al final del párrafo que, no entraría en vigor en tanto no se desarrolle reglamentariamente. Pues, imagínense el final, todos los gobiernos han hecho caso omiso de su responsabilidad (Potestad reglamentaria), esto es, el desarrollo reglamentario de las leyes. Primero se opusieron los sindicatos, a estos se han sumado las mareas blancas. Y entre tanto los pantalones de los políticos arrastrándose por el suelo.
