ILT, IT ¿y ahora qué?

No sólo tenemos un gravísimo problema de déficit fiscal. Tenemos otros muchos problemas de dimensión económica. La productividad del factor de producción trabajo decrece desde que el PSOE gobierna. En 2024 España ha descendido cuatro puestos en la clasificación de competitividad que elabora anualmente la escuela de negocios IMD, lo que la sitúa en el puesto 40 de las 67 economías. Y ese retroceso tiene un efecto directo, el retroceso en paralelo de la competitividad empresarial. Y este contexto negativo sobre la productividad y la competitividad vuelve a ser considerado un gravísimo problema de Estado por el fraude en que incurre la Incapacidad Temporal. El absentismo vuelve a lastrar la economía española. Sólo un ejemplo. La salida de la crisis de 2007-2008 fue posible en España gracias al comportamiento del sector exterior español. La cosa ha cambiado a mucho peor desde 2018. La balanza comercial (incluyendo servicios) (millones de USD) ha pasado en 2018 de ser de 38.485 millones a 21.190 millones en 2021, mientras que la importación de bienes y servicios ha pasado de ser el 3,9 en 2018 a ser el 13,9 del PIB en 2021.

Retrotraigamos la mirada a 1994. El principal problema de corrupción en España era la prestación de Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), cuantificado el fraude en medio billón de pesetas. Se decide entonces que las Mutuas de Accidentes de Trabajo gestionen la prestación económica de la reformada prestación de ILT por contingencias comunes (origen común de la misma), por la nueva de Incapacidad Temporal, creada por Ley 42/1994 (la ILT por contingencias profesionales: accidente de trabajo y enfermedades profesionales, siempre fueron competencias de las mutuas en toda su dimensión económica e instrumental). En su virtud, se otorgaba la posibilidad de la gestión económica, pero sin disponer de las competencias instrumentales relacionadas con las altas y las bajas relacionadas con esa prestación. Los Servicios Públicos de Salud la siguen ostentando. Lo que en el fondo impide responsabilizar a dichas entidades colaboradoras de las reales competencias que asumen, ya que se les impide los más básicos elementos de gestión. Para que todos lo entiendan, es como sí los bancos disponen de la capacidad de otorgar préstamos, pero es el Estado el que obliga a su concesión, sin perjuicio que los reembolsos sean gestionados directamente por la entidad financiera. Todo un disparate. Tamaño despropósito, exigió blindar entonces las competencias de la Entidad Gestora (INSS) en las Invalideces Permanentes. La Ley 22/1993, modificaba el articulado de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), y determinaba las competencias de las mutuas de accidentes de trabajo en materia de gestión instrumental de las altas y bajas en el caso de gestión económica de las contingencias comunes por incapacidad laboral transitoria, hoy IT, «siempre que una norma reglamentaria así lo dispusiera». Desde 1994 se otorgó la posibilidad de la gestión económica, pero sin disponer de las competencias instrumentales manifestadas. Pues bien, el Estado sigue sin entrar en razón una vez más, haciendo las cosas a medias. El desarrollo reglamentario de la Ley de 1993 aún no se ha producido. Sólo unas cifras: en 2017 el costo de las bajas ascendió a 5.500 millones de euros, suponiendo una incidencia en la generación de PIB del 6,9%. Según los expertos se hizo un uso indebido de la prestación de IT por contingencias comunes, que durante el año 2016 experimentó un incremento del 16,4% en relación con 2015. Ahora la ministra de Seguridad Social saca la voz de alarma y se sobreentiende de su mensaje que es inasumible el pago proyectado en IT para el año 2024 que sobrepasará con creces los 25.000 millones. Cifra que es inasumible para el sistema español de Seguridad Social. Pero también lo es para las empresas. Esta no sólo deja de producir bienes y prestar servicios, sino que incurre en un coste aproximado del 30% de la masa salarial, pues hay que seguir cotizando sin que el trabajador trabaje y produzca (motivo de caída de la productividad, si la conceptuamos como la cantidad de bienes producidos o servicios prestador por una economía que, además es índice determinante del bienestar.

La IT no está adecuadamente gestionada, porque quien paga no dispone de los instrumentos necesarios para responsabilizarse de la gestión. Situación que perdura desde la década d ellos 90. Se oponen a ello, primero los sindicatos, en segundo lugar, las llamadas mareas blancas y en tercer lugar, la izquierda (es verdad que la derecha tampoco hizo nada al respecto cuando pudo modificarlo con sus dos mayorías absolutas), sabedora que una economía próspera, dinámica y bien gestionada, sobre la base de un presupuesto público equilibrado 'desmotivaría' el voto a esa parte del eje de abscisa político. La propuesta ministerial de la 'baja flexible' será un remedo absolutamente insuficiente, quizás bien intencionado, pero nada más. Lo acuciante es atajar el problema de fondo que, es otorgar las competencias instrumentales de altas y bajas a quien paga, o sea a las Mutuas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. Los sistemas públicos de salud han demostrado una incapacidad manifiesta y preocupante en la gestión de las altas y bajas de la IT por contingencias comunes. Sí han dispuesto de todas las competencias en la gestión de las contingencias profesionales, ¿porque no dárselas en la IT por contingencias comunes?