opinión
La protección de nuestros datos
Una cosa es que, motu proprio, decidamos exponer nuestra vida y milagros en internet, y otra la obligación de dar nuestros datos personales para que se registren y conserven a saber de qué manera
Uno debe creer que las leyes se hacen siempre pensando en el bien del conjunto de la ciudadanía; suponer, a priori, lo contrario sería dudar de los objetivos de un Estado democrático, lo que no resulta aceptable. Por eso nos puede resultar incomprensible que se ... dicten leyes que, para defender los derechos de las mujeres, determinen la salida prematura de la cárcel de condenados por delitos de violencia sexual contra aquellas, o leyes que hagan que un señor con bigote y pelo en pecho se declare mujer lesbiana y exija los derechos que, al respecto, la ley le otorga, o que resulten en que las mujeres se vean en condiciones de inferioridad en, por ejemplo, competiciones deportivas.
Como no podemos dudar de que nuestros representantes legislan pensando en nuestro bien, el de todos, solo cabe deducir que se equivocan a menudo, que no tienen ni idea de cómo hacerlo, o bien de que todo está perfecto y somos nosotros los que no nos enteramos de que todo ello redunda en nuestro beneficio. Siendo este último el caso, lo adecuado sería que nos lo explicasen con detalle para sacarnos de nuestra ignorancia y convencernos de que las medidas son, efectivamente, las correctas.
Ahora, que acabamos de pasar el puente más largo del año y estamos en época de muchos desplazamientos, se ha activado el nuevo registro de datos de usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, casas rurales, apartamentos turísticos o campings, incluyendo también los casos en los que actúen operadores intermediarios o plataformas de reserva. Ello responde a la aplicación del Real Decreto elaborado por el Ministerio del Interior con el objetivo, dice, de garantizar nuestra seguridad personal, nuestra integridad física, asegurar nuestra libertad y protegernos de las actividades terroristas y del crimen organizado, lo que está todo muy bien. Luego viene el detalle, de manera que se obliga a la pensión de la tía Paca a tener un registro informático, y conservar en él durante tres años los datos de sus clientes, con lo que los ciberdelincuentes deben estar frotándose las manos.
Por supuesto hay que comunicar también a las autoridades todos aquellos datos que, por eso de la seguridad, incluyen desde la cuenta bancaria o la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito hasta el teléfono fijo del usuario, suponiendo que alguien use todavía teléfono fijo. Curiosamente están excluidos de tener registro informático y de conservar datos aquellos que desarrollen actividades de hospedaje no profesional, vaya a usted a saber lo que es eso, lo que no parece cuadrar mucho con los objetivos que se aducen en la normativa. Luego está el tema de la protección de todos esos datos personales. Porque una cosa es que, motu proprio, decidamos exponer nuestra vida y milagros en internet, y otra la obligación de dar nuestros datos personales para que se registren y conserven a saber de qué manera.
Dice la norma que hay sanciones para los establecimientos que no hagan ese registro; también que el Real Decreto está informado por la Agencia de Protección de Datos. Nada se dice, en cambio, de las responsabilidades sobre el mal uso o sobre las posibles filtraciones de nuestros datos más personales. Lo dicho, todo es cuestión de que nos lo expliquen.
