¿Qué hay de los jueces?

España es una democracia que apuesta por la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Aparte queda el cuarto, la prensa y, más allá, los llamados fácticos, entendiéndose como tales, entre otros, las organizaciones empresariales o financieras, esas grandes fortunas de las que tanto hablan estos días los ministros, los sindicatos, internet, las asambleas multicolores de la izquierda o el que se les tiene dado a los nacionalistas que tanto follón montan metiéndose en lo nuestro para trincar en lo suyo.

Sigo con algo que puede parecer una perogrullada, pero es que los jueces son funcionarios altamente preparados en el conocimiento de las leyes, leyes que, ojo, no hacen ellos, sino que las hacen los políticos. Ítem más, las impulsa el gobierno que, en esta España nuestra dualista, suele estar presidido por la máxima jerarquía de un partido llegándonos así demasiadas veces bien impregnadas de ideología política, que no de sabiduría y justicia.

Esos proyectos de leyes o de decretos, tras sus trámites, pasan al que se dice otro poder, el legislativo, donde se va a intentar hacer suyo lo que el poder ejecutivo ha dicho que tienen que hacer. Y esto es así desde hace años porque, «el que se mueva no sale en la foto».

Cito ahora, a título de ejemplo, la compacta presencia en los medios de nuestros ministros explicándonos al unísono lo malo que es el jefe de la oposición en vez de decirnos cómo piensan arreglarnos este desaguisado en el que nos vemos sometidos. Y sus señorías del Congreso o del Senado, claro está, salvo honrosísimas excepciones, por mucho que cada uno de ellos tengan en su conciencia convicciones personales de alta estima y, a lo mejor, hasta el mensaje trasladado por sus votantes, más estiman la situación en la que les ha puesto el partido, que es el que les renovará o no en las listas electorales, puesto que, a los votantes, a la hora de los comicios, nos llega ya todo mascado y bien mascado.

De todo ese galimatías emana el imperio de la Ley, eso que llena la boca de tantos y que traducido resulta tome usted, señoría, están son las leyes y normas con las que tiene que impartir justicia porque España es un Estado de Derecho, no me venga con sus sentimientos personales y ahórreselos que para eso la ley la hago yo, teniendo por ese yo, claro, el perfecto binomio agradecido de ejecutivo más legislativo. A su libertad sólo queda, y no es poco, la instrucción o la interpretación que hagan de lo que las partes en el proceso argumenten en torno a la siempre poderosa ley.

Dicho esto, y con todo el respeto o la consideración que tenga yo hacia la judicatura, lo cierto y real es que los jueces juzgan conforme a las leyes que hacen los políticos que, encima, amén de haberles contagiado ya en el laberinto de las dos Españas animándolos a enfrentarse como progresistas, conservadores o centristas, por lo que se está viendo ahora, vía indulto, bien que mantienen reservado su derecho para corregir las sentencias dictadas.

Lo ideal sería que los legisladores hicieren lo que tienen que hacer, sensibilizarse con las necesidades de la población para legislar bien y no sólo con lo que digan el jefe y el partido, porque no siempre lo que se propone de las otras bancadas es irrealizable y porque el diálogo ni mata ni señala. Los jueces, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, en nombre del Rey, que administren de manera independiente la justicia que, aquí, emana del pueblo.