APUNTE
Viviendas al margen de la ley
La Fiscalía alerta de que la construcción de casas ilegales sigue en auge en la provincia
La construcción de viviendas en zonas no urbanizables es un problema que la provincia de Cádiz lleva padeciendo desde tiempos inmemoriales. Hacerse una casa en un terreno diseminado, lejos de convertirse en un hándicap, parece estar proliferando, no solo en zonas habituales como Chiclana, El Puerto, Vejer o Barbate, también en poblaciones interiores como Arcos de la Frontera.
Con la irrupción de la pandemia, el largo confinamiento animó a muchos a invertir en espacio, y por ello la edificación o montaje de casas en zonas rústicas ha crecido, convirtiéndose además en una vía de negocio que opera a espaldas de la ley. Casas prefabricadas en la costa, venta con información sesgada por internet o la parcelación por sociedades, los nuevos y principales métodos para intentar burlar la ley.
Sin duda, la proliferación de viviendas ilegales en zonas no urbanizables es un problema preocupante. No solo plantea riesgos de seguridad y ambientales, sino que también puede comprometer la planificación urbana y el uso sostenible del suelo. Por ello, es crucial que desde las administraciones, especialmente desde los ayuntamientos se apliquen medidas para regularizar estas construcciones y evitar su expansión para preservar el entorno y garantizar la seguridad de las comunidades.
Desde la Fiscalía denuncia que se han interpuesto un importante número de denuncias ante los juzgados de Barbate al aumentar la realización de construcciones en las localidades de Arcos de la Frontera, Barbate y Vejer.
Pero la situación se ha agravado en los últimos años. La Fiscalía ha detectado que en muchas de los casos estas viviendas ilegales se publicitan y se ofrecen como conjuntos de viviendas turísticas. Es decir, que sus propietarios les llegan a sacar una buena rentabilidad y no son en absoluto primeras residencias.
Además, vivir en una urbanización ilegal conlleva una serie de problemas. Estas áreas suelen carecer de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, acceso a servicios de emergencia y a menudo presentan deficiencias en infraestructuras. A todo ello se suma la incertidumbre legal sobre la tenencia de la propiedad puede generar conflictos legales y dificultades para acceder a servicios gubernamentales.
Tampoco ayuda la regularización o los visos de regularización que existe sobre muchos de estos núcleos de diseminados ante la pasividad de las administraciones locales a la hora de actuar.
