APUNTE
Problemas que pagamos todos
Los retrasos acumulados en los juicios por la huelga de los letrados tardarán en recuperarse al menos un año
Existe un dicho, un casi dogma, que asegura que la justicia lenta no es justicia, que si el ciudadano no puede resolver en tiempo y forma sus problemas legales que además pueden atañer de forma muy directa y dolorosa su vida es como si no ... tuviera a quien acudir. Como si estuviera huérfano. Pues así se han sentido durante estos últimos meses cientos de ciudadanos que han acudido a los juzgados por diferentes causas y se han encontrado con la puerta cerrada. O peor aún, sin poder abrirla porque ni siquiera se les ha avisado que estaría así. La huelga de los letrados de la Administración de la Justicia, antiguos secretarios judiciales, ha provocado que en la provincia de Cádiz se hayan suspendido casi tres mil juicios y más de cinco mil trámites se hayan quedado paralizados.
Trámites tan importantes como notificaciones que también están a la espera, ejecuciones, embargos... y más de 25 millones de euros en los depósitos pendientes de ser entregados a quien corresponda porque ganó en los tribunales una indemnización, una incapacidad reconocida, una reclamación de cantidad, divorcios... cualquier pago que con sentencia o resolución está paralizado.
El paro de estos profesionales justificado por ellos en que no cobran como deberían desde que además asumen múltiples tareas que antes hacían los jueces es otro escollo más a esta justicia tan lenta de la que, por diversos problemas, adolece Cádiz. Pero esto ya ha sido la puntilla. Juzgados con juicios señalados hasta dentro de meses o años que ahora se verán todavía más retrasados hasta que este embudo se vuelva a desatascar. Sobre todo en lo Social y lo Mercantil donde no se dejan de acumular trámites y causas abiertas. Y todo ello afecta directamente al ciudadano. A todo aquel que va buscando un derecho fundamental y no lo encuentra o lo encuentra ya tarde.
La justicia merece la misma atención que la sanidad o la educación, pilares fundamentales del bienestar de cualquier país en desarrollo. Por tanto, no es de recibo ni que el Ministerio haya tardado tanto en resolver este conflicto -incluso con malas formas de sus mediadores- como que esta demanda se haya prolongado en el tiempo hartando al cuerpo de los funcionarios con promesas incumplidas y palabras vacías. Ahora, una vez engordado el problema, sería necesario, completamente urgente, activar un plan de choque para que el ciudadano no sea otra vez el más perjudicado.
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