Nuevo drama entre rejas

El último episodio no se ha producido en la provincia, pero sí se concentraron ayer a las puertas de los cuatro centros penitenciarios para mostrar su repulsa por el asesinato de la trabajadora del centro penitenciario Más d'Enric de Tarragona el pasado miércoles.

La víctima fue Nuria, una trabajadora que acudió a su puesto de trabajo, pero no pudo volver a casa. Un interno segó su vida y tiñó de negro a todos los empleados públicos penitenciarios.

Ante esta peligrosa situación que viven a diario, los funcionarios de prisiones se preguntan «¿Dónde será el siguiente?, ¿en Puerto I, Puerto II, Puerto III, Algeciras?».

Y es que, hay que tener en cuenta que estos trabajadores públicos conviven con situaciones peligrosas para su integridad física a diario. Están en primera línea ante reclusos que cumplen penas de distinta índole, algunos de ellos extremadamente peligrosos, como ya ha quedado demostrado en anteriores ocasiones en los cuatros centros penitenciarios gaditanos. El Ministerio del Interior cifró en 57 las agresiones sufridas en las cárceles de la provincia, aunque no ha computado las agresiones verbales o las amenazas. Esto supone prácticamente un 10% del total de las agresiones contabilizadas en todos los centros penitenciarios del país.

Además, hay que tener en cuenta el caso de Puerto III, que es la prisión con mayor población reclusa de España, con 1.300 internos. Por tanto, las probabilidades de que un trabajador de prisiones vuelva a ser agredido en Cádiz es bastante alta. De ahí que los sindicatos reclamen medidas, como un aumento de personal e insisten en el déficit de sanitarios. Entienden que estas cifras son «inasumibles en un Estado de Derecho» y que «deberían hacer recapacitar a la Administración, aumentando el personal y tomando una serie de medidas que llevamos años reivindicando», aseguran desde diferentes secciones sindicales de estos trabajadores que no son considerados agentes de autoridad a la hora de realizar sus funciones, una reivindicación histórica del colectivo que debe ser asumida como prioridad para la clase política.