Editorial
Los peajes deben aclararse
Las contradicciones entre lo manifestado por el director de la DGT, la ministra de Transportes y el presidente del Gobierno siembran dudas sobre el futuro del pago en nuestras carreteras
En el debate del pasado lunes, Alberto Núñez Feijóo mostró a Pedro Sánchez un mapa de España con la práctica totalidad de autovías marcadas en rojo. Acto seguido, el líder de los populares le preguntó al presidente del Gobierno si ese mapa era verdad y si tenía la intención de cobrar peajes en los tramos señalados. Un Sánchez contrariado sólo alcanzó a advertir «pero qué dice, señor Feijóo», sugiriendo una negativa por respuesta y demostrando un cierto desprecio por la propia pregunta que no sólo era legítima sino que, días después, ha demostrado ser perfectamente pertinente. Así, el pasado jueves en una entrevista a TV3, y contraviniendo las palabras del presidente, el director de la DGT, Pere Navarro, afirmó que «el año que viene, por imposición de Bruselas, tendremos que poner peajes».
Hace dos años, desde ABC ya avanzamos que la imposición de un pago por uso en las autovías españolas formaba parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que los peajes comenzarían a funcionar en el año 2024. Además de pagar por el uso, desde el Ejecutivo se sugirió en 2021 que los peajes tendrían también una dimensión ecológica, pues quien contamina estaría obligado a pagar por ello. Según afirmó el jueves Pere Navarro, la implantación de peajes respondería a una imposición de Bruselas ya que los fondos destinados a la recuperación no podrían derivarse a la mera construcción o al mantenimiento de carreteras. Si bien es cierta la condición vinculante del plan, esta obligatoriedad responde exclusivamente a un compromiso establecido libremente por el Ejecutivo español.
Ante la palmaria contradicción existente entre las palabras del presidente del Gobierno y Navarro, la propia DGT ha tenido que enmendar esas declaraciones y tras apelar a una «confusión», se vieron obligados a matizar que la afirmación no pretendía más que subrayar la necesidad de que exista «un gran acuerdo político a este respecto». La polémica ha sido imposible de apaciguar. Ante la colisión entre las palabras del presidente y las primeras declaraciones de Navarro se ha visto obligada a pronunciarse también la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Alineada con la expresión de Sánchez, desmintió «categóricamente que el Gobierno esté pensando en la imposición de peajes por el uso de carreteras».
Tras este carrusel de afirmaciones, matizaciones y desmentidos debemos destacar que la información inicial brindada por el director de la DGT es rigurosamente cierta: el plan de recuperación remitido a la Comisión Europea por el Ejecutivo contempla la imposición de peajes con la previsión de que entraran en vigor en el año 2024. Asimismo, en el componente 28, reforma cuarta, relativo a fiscalidad y transición energética, se insiste también en este extremo. Cabe recordar que este compromiso es, a falta de enmienda, enteramente vinculante para recibir los fondos 'Next Generation' y en caso de incumplimiento podría peligrar la recepción de esta financiación. A la luz de la sucesión de estos hechos, parece evidente que o bien existe una profunda confusión en el seno del Gobierno o que, por el contrario, se ha intentado enmendar u opacar una información de alta sensibilidad electoral. Los españoles legítimamente merecen conocer cuáles son los planes que tiene el presidente Sánchez para nuestras carreteras y bolsillos. La falta de transparencia en el manejo de la información y la confusión inducida por las contradicciones manifiestas entre el director de la DGT, el presidente del Gobierno y la ministra debería solventarse de forma inmediata.
