TRIBUNA ABIERTA

Riesgo global del Estado de derecho

Es el Estado de derecho el que permite que la democracia funcione, que se protejan los derechos humanos.

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL

El tablero se ha movido. La estabilidad es el valor en alza y el mejor instrumento, tal vez el único para conseguirla, es reforzar el Estado de derecho.

Sin embargo, el Estado de derecho está sufriendo una constante erosión en los últimos años, hasta el punto de llegar acuñarse la expresión de estado sin-derecho ('Rule of Law-lessness'). Los ataques se suceden en todo el mundo. Desde los casos flagrantes que requieren revertir completamente la situación (la invasión de Ucrania por Rusia, la violencia en Myanmar, los ataques sistemáticos a los derechos de mujeres y niñas en Afganistán), a los intentos por parte de gobiernos de Estados democráticos de recortar la independencia del poder judicial, como ha sucedido recientemente en Israel y también en México.

A estos ejemplos evidentes se suma un desgaste más sutil pero igualmente peligroso en la mayoría de los países de nuestro entorno en los que los políticos parecen estarle ganando la mano al Estado de derecho. En España también. Y en tantos otros: Polonia y Hungría son los casos más conocidos, con procedimientos iniciados por la Comisión Europea; incluso países de indubitada raigambre democrática como Reino Unido y Norteamérica no quedan al margen.

Reino Unido, por ejemplo, intenta reemplazar su actual norma de protección de derechos humanos por otra que mermaría el acceso a la justicia de sus ciudadanos. En Norteamérica, magistrados del Tribunal Supremo reciben amenazas de muerte en redes sociales. El riesgo del Estado de derecho es global.

Recordemos que el Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley, una ley dictada por un parlamento elegido democráticamente, que ha de aplicarse sin arbitrariedad y a la que nos sometemos todos, gobiernos, instituciones y ciudadanos.

Es el Estado de derecho el que permite que la democracia funcione, que se protejan los derechos humanos. Imaginemos por un momento nuestra sociedad sin Estado de derecho: sin prensa independiente, sin derecho de asociación y manifestación, sin libertad de expresión, sin una justicia independiente, sin una profesión legal independiente. Sería un lugar peligroso y oscuro.

No demos por supuesto que el Estado de derecho esté garantizado y que además goce de buena salud. La realidad es muy distinta. Para empezar, la actividad normativa que debería corresponder al Parlamento es ingente y, en muchos casos, proviene directamente de los gobiernos. Se dictan normas apresuradas. No hay tiempo para que los tribunales las interpreten sentando la debida jurisprudencia y promoviendo así la imprescindible seguridad jurídica.

La independencia del Poder Judicial, piedra angular del sistema, sufre cada vez más acometidas. La independencia necesita un sistema de nombramiento que asegure la desvinculación política de jueces y magistrados. Porque tan importante o más que el correcto funcionamiento de la administración de la justicia es la confianza de la sociedad en que, efectivamente, dicho funcionamiento es correcto.

No sólo debe impartirse justicia, sino que debe verse de manera clara que, efectivamente, se imparte. No puede haber duda de ello. Si los ciudadanos ven a los magistrados como políticos con toga, decae la confianza en el sistema.

Estas quiebras del Estado de derecho tienen solución. Los políticos tienen la obligación de remediarlas. Si fallan, la sociedad civil puede y debe tomar un papel activo, debe producirse una suerte de rebelión. La abogacía debería asumir un papel principal para la credibilidad del sistema legal, demostrando nuestra propia profesionalidad, integridad; debemos ser portavoces de los valores del Estado de derecho, educar sobre ellos, contribuir a concienciar a todos de su importancia; advertir de los graves riesgos de su retroceso y denunciar las quiebras del sistema.

Así lo estamos promoviendo desde la International Bar Association (IBA) con los 80.000 abogados y 190 colegios de abogados de más de 170 países que la integran.

Aún nos queda camino. Esperamos recorrerlo subiendo el volumen de la atención a esta cuestión principal. Así, todos podremos seguir beneficiándonos de la protección del Estado de derecho cada día.

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