El 1-O vuelve al banquillo

Con el juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional contra Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d’Esquadra durante el proceso secesionista de 2017, y otros mandos de la Policía autonómica se remata la ofensiva judicial del Estado tras el ciclo separatista del 1-O. Trapero es un símbolo de la frustración del nacionalismo, que ha pasado de estampar su rostro en camisetas y carteles a arrojarlo al ostracismo más absoluto. La situación judicial de Trapero es peculiar porque declaró como testigo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y está acusado por la Fiscalía por un delito de rebelión que el Alto Tribunal descartó para Junqueras y demás acusados. No será extraño que la Fiscalía, al comienzo de la sesión de hoy, plantee una modificación de su acusación para imputar solo un delito de sedición. Teóricamente, cada proceso penal y cada acusado es independiente de cualquier otro proceso penal anterior o de la suerte corrida por otro acusado, aunque lo estén ambos por los mismos hechos. La conexión entre la sentencia de 14 de octubre de 2019, que condenó a Junqueras y a otros acusados por sedición y malversación, y el juicio a Trapero es evidente. Tan evidente que el propio Trapero anticipó su estrategia de defensa cuando declaró ante la Sala Segunda como testigo, aunque con el privilegio de poder guardar silencio cuando quisiera. Entonces, ante el tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena, Trapero construyó una versión de los hechos en la que aparecía como un funcionario leal a sus responsabilidades, que advirtió a sus superiores, especialmente el exconsejero Joaquim Forn, de los riesgos de violencia el 1-O y que hizo lo que pudo para que se respetara la legalidad. Su testimonio sirvió, sobre todo, para condenar a Forn y para que el tribunal concluyera que los Mossos d’Esquadra no hicieron todo lo que podían y debían haber hecho para evitar los sucesos del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y en la votación del 1 de octubre.

Este juicio a Trapero también se caracteriza por abrir dos incógnitas. La primera es si el Gobierno de Pedro Sánchez va a experimentar con Trapero su teoría de la «desjudicialización» del conflicto separatista, aunque dado el escaso aprecio de los socios separatistas por el mayor de la Policía autonómica no parece probable que se interesen por su futuro. La segunda es qué papel va a jugar la nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado, porque lo cierto es que una sentencia que relativice la gravedad del 1-O, aunque acabe llegando al Tribunal Supremo, puede beneficiar a medio plazo las expectativas de Oriol Junqueras y demás condenados ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También su indulto.