Violentos y cómplices en Cataluña

La violencia de los sedicentes «Comités de Defensa de la República» es una realidad que altera el desarrollo pacífico de la actividad de los catalanes. Los ataques coordinados a los Mossos d’Esquadra en las calles de Barcelona, los cortes de tráfico en diversas autopistas y el asedio ayer a la estación de Sants manifiestan una estrategia orientada a alterar el orden público como chantaje contra las medidas judiciales impuestas a Puigdemont y otros dirigentes separatistas. Las amenazas personales al juez Llarena y su familia rematan un escenario que no será indiferente al juez alemán que tenga que valorar si el «procés» ha cabalgado a lomos de una violencia asumida de antemano por sus dirigentes. La respuesta a esta violencia organizada ha de ser policial y judicial, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, pero sería peligrosamente ingenuo no ver relación entre esa violencia callejera y los mensajes de odio que lanza la televisión pública catalana a través de TV3, en la que se tilda de mafia a la Guardia Civil, se desea la muerte de los magistrados del TS y anuncia muertos en las calles. Es sabido que el PSOE no quería que el Gobierno interviniera TV3, pero la realidad demuestra que el nivel de intensidad aplicado al artículo 155 de la Constitución no ha sido suficiente para remover los fundamentos que harán recurrente el conflicto separatista en los próximos años. Era razonable que el Gobierno de Mariano Rajoy buscara el máximo consenso político para aplicar el artículo 155, pero el consenso debería estar supeditado a lograr la máxima eficacia en la estrategia de reconstitucionalización de Cataluña. En tanto no se asuma que la crisis separatista responde, entre otros factores, a la existencia de focos de adoctrinamiento inalterados -televisión pública y sistema educativo-, las medidas políticas serán meramente paliativas de la situación coyuntural.