Violencia separatista

Los datos son contundentes: el 90% de los actos de violencia contra políticos en Cataluña a lo largo de 2019 ha sido perpetrado contra partidos políticos y entidades no nacionalistas. En total, los ataques a Ciudadanos, PSC, PP y Vox, además de grupos y asociaciones constitucionalistas e instituciones públicas, suman 189, según un informe realizado por Impulso Ciudadano y Movimiento contra la Intolerancia. Sólo el 5,3% de las agresiones han sido dirigidas contra entidades separatistas, lo que dibuja el escenario preciso de una violencia sistemática destinada a expulsar de la vida pública a los ciudadanos constitucionalistas y a las instituciones del Estado. El discurso tremendista de la izquierda y del nacionalismo contra una extrema derecha que no existe en España se revela hipócrita ante la realidad de que la violencia en la política es monopolio de grupos izquierdistas y separatistas. Esta es una realidad que se está asentando como una manifestación admisible del «conflicto» entre Cataluña y España, porque el nacionalismo siempre tiende a legitimar su violencia culpando a las víctimas. La hemeroteca está surtida de declaraciones de dirigentes nacionalistas y de extrema izquierda -de esos que defienden a los matones abertzales de Alsasua- con el argumento proetarra del «algo habrá hecho» la víctima.

Una asignatura pendiente del Estado es actuar contra esta violencia, identificada en grupos como los Comités de Defensa de la República o Arran, a los que hay que aplicar el Código Penal. Partidos o Ayuntamientos que apoyan esta «batasunización» de la vida pública catalana no tienen que escapar de la ley, sea la de Partidos Políticos, o la de Régimen Local, que prevén la disolución de unos y otros por atentar contra los valores democráticos o incumplir sus obligaciones constitucionales. Todo menos perpetuar la impunidad de la violencia separatista.