«Vendetta» política en Andalucía

Tal y como revela hoy ABC, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, por haber excedido unas décimas el déficit público establecido para el año 2018. Ese año, la socialista Susana Díaz fue su presidenta durante todo el año, hasta las elecciones del 2 de diciembre, y la consejera de Hacienda era la hoy titular estatal del mismo ramo, María Jesús Montero, que lo había sido hasta que en julio fue nombrada ministra. La gran paradoja, y el gran cinismo político de esta maniobra, es que Montero enmienda la plana al antiguo Gobierno de Susana Díaz, al que ella perteneció al menos medio año completo, y lo hace justo cuando es el PP quien preside la Junta andaluza. Es decir, Montero se penaliza a sí misma y su propia gestión con el único interés político de perjudicar al actual Ejecutivo andaluz, y además encontrándose en como titular de Hacienda en funciones. El control de las cuentas públicas y el ajuste presupuestario es una necesidad para cualquier gobierno regional, sea del signo político que sea. Ninguna Comunidad autónoma debería superar la previsión de déficit público para evitar seguras reprimendas de la Unión Europea, o incluso eventuales sanciones. Sin embargo, lo relevante en este caso no es tanto que Andalucía haya superado en unas décimas el tope impuesto, sino que el PSOE se haya propuesto castigar al actual Gobierno de Juan Manuel Moreno, penalizándolo como no hace, por ejemplo, con la Comunidad Valenciana o Cataluña. En el primer caso, porque la gobierna el socialista Ximo Puig y el agravio comparativo es indudable, y en el segundo por razones evidentes de cesión ante el independentismo catalán. Peor aún. A Cataluña no solo no se le sanciona de ninguna manera, sino que se sobrefinancia a la Generalitat muy por encima del resto de Ejecutivos autonómicos dada su situación de quiebra técnica.

Las consecuencias son graves para Andalucía ya que la intervención de sus cuentas se produce en un momento en el que acaban de ser aprobados los nuevos presupuestos regionales por el PP, Cs y Vox, y cuando el comportamiento económico de esta autonomía empieza a emitir notables señales de recuperación tras décadas de gobiernos socialistas, y después de que sus cuentas fuesen esquilmadas durante años con los casos de corrupción más graves de la democracia. Ahora, con la decisión de Montero -que siempre planteó a Rajoy una reclamación de 4.000 millones adicionales para Andalucía-, el Ejecutivo de Moreno verá imposibilitado su acceso a los mercados internacionales para financiar muchos de sus proyectos en inversiones. El Gobierno en funciones de Sánchez no actúa de modo equitativo, sino con un ánimo sectario de vendetta política, la especialidad de la casa.