Vacunación y rendición de cuentas

Después de más de 1.800.000 contagios y de 70.000 muertos, España comenzó ayer la vacunación contra el Covid-19 en la zona cero de sus estragos, las residencias de ancianos. Con las dosis inyectadas a una residente y a una sanitaria de un centro de mayores en Guadalajara, la ciencia ha irrumpido, por fin, iniciando el esperado contraataque contra un virus devastador. Era un momento que tenía que llegar, y ha llegado antes de lo que podría preverse gracias a una eficiente colaboración entre los sectores públicos y privados para la investigación, el desarrollo y la aprobación de fórmulas de prevención de la enfermedad. Y no será una, sino varias las vacunas de que dispondrán los sistema públicos de salud para alcanzar la inmunidad de grupo que contenga y derrote a la pandemia. Sin embargo, y en esto han insistido acertadamente instituciones y gobiernos, la vacunación es condición necesaria, pero no suficiente para erradicar el virus. Primero, hay que garantizar una vacunación suficientemente extensa para generar esa inmunidad colectiva. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, vaticinó ayer que para mayo o junio habrá en España veinte millones de vacunados. Ya se sabe que los pronósticos del Gobierno son cualquier cosa menos fiables. Según Simón, la pandemia apenas dejaría casos en España. Según Sánchez, en julio pasado habíamos vencido al virus y había que salir a la calle a disfrutar. El pasado 23 de octubre su Gobierno tuvo que declarar un nuevo estado de alarma.

En segundo lugar, la vacuna será eficaz si va acompañada por un comportamiento responsable de los ciudadanos, en sus vidas sociales, familiares y personales. El riesgo actual es que un optimismo precipitado sobre los efectos de la vacuna y una relajación de la seguridad en lo que resta de fiestas navideñas formen una tormenta perfecta de contagios que colapsen los hospitales al inicio del nuevo año. La vacunación es un punto de inflexión en la pandemia, pero no el fin, y conviene que los mensajes de las instituciones públicas insistan en esta realidad. La tendencia al alza de la enfermedad en algunas comunidades autónomas vuelve a avisarnos de que estamos en una carrera de fondo, en la que aún habrá que vivir episodios difíciles. Por eso, sigue haciendo falta una política de coordinación nacional, que es la responsabilidad intransferible del Gobierno. Es cierto que esta pandemia ha desatado consecuencias imprevisibles, pero también ha habido comportamientos políticos inadmisibles, que no se deben repetir justo ahora que comienza la fase decisiva de la lucha contra el Covid-19. El Gobierno de Sánchez sólo ha tenido iniciativa para echar mano del decreto-ley de estado de alarma, incluido el que hizo a la medida de Madrid y que tan inútil resultó. Más allá del prohibicionismo y de la exhibición de poder sobre el BOE, el Gobierno se ha desentendido de la gestión responsable, planificada y coordinada de la crisis. No lo hizo con la «desescalada», no lo ha hecho con la segunda ola y, más allá de sus alardes propagandísticos, no apunta a que lo haga con la fase de vacunación, refugiándose en el burladero de las comunidades autónomas. La historia política de la pandemia en España es el retrato de un mal Gobierno central. Hace falta, y de forma urgente, esa auditoría que tantos expertos solicitaron sobre la gestión de la crisis sanitaria; y una rendición de cuentas sobre la opacidad y el engaño a los ciudadanos. Se nos dijo en febrero que apenas habría casos y hoy hay más de 70.000 españoles muertos por la pandemia. El camino que media entre un extremo y otro es la responsabilidad política que, en vez de lucir y pasear su sello, convertido en pegatina, debe explicar el Gobierno.