Tras el Supremo, el Gobierno

LA decisión de la Sala Tercera sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios demuestra que era necesaria la celebración del pleno convocado por su presidente, Luis Díez-Picazo. Por quince votos frente a trece, una fractura interna sin apenas precedentes, la Sala decidió ayer mantener el criterio tradicional y reglamentario de que sea el cliente que recibe el préstamo quien abone el impuesto. Esta doctrina fue revocada por una sentencia dictada en octubre pasado por una sección de seis magistrados, con el voto en contra de uno de ellos, sentencia en la que se anulaba el artículo reglamentario que cargaba el impuesto al cliente. El pleno de la Sala no ha modificado esa sentencia, sino que ha establecido una doctrina que interpreta la ley reguladora del impuesto en el sentido de que es el prestatario el que debe pagarlo.

Cierto es que en la gestión de este asunto ha habido errores de bulto y un confuso y perjudicial comportamiento interno de algunos de los magistrados, que no supieron contener los conflictos personales internos, disputas que nada interesan a los ciudadanos. Una sentencia que suponía un cambio de doctrina (la misma Sala en un caso idéntico mantuvo meses atrás la jurisprudencia que se venía aplicando) debió contar antes de su emisión con una reunión como las del lunes y el martes. No se hizo así y esta situación ha dejado en mala posición al Supremo. El primer tribunal que modificó la doctrina debió medir las consecuencias de su decisión.

La Sala Tercera ha tomado una decisión que no por polémica y divisoria deja de tener fundamento técnico jurídico, pero la cuestión no era solo jurídica. Mucho se ha criticado al presidente de la Sala por convocar el pleno, aunque habría sido temerario que, a la vista de sus repercusiones, semejante cambio de doctrina no hubiera pasado el filtro de todos los magistrados que la componen. Y no es la banca el principal beneficiario de esta decisión, sino la Hacienda autonómica, que se habría visto obligada a devolver hasta 5.000 millones. Luego, Hacienda habría podido reclamar a los bancos el reembolso de ese impuesto siempre que la deuda tributaria no hubiera prescrito.

Ahora, la responsabilidad de cambiar la situación o dejarla como está corresponde al Gobierno y al Parlamento, que tienen la iniciativa legislativa adecuada para modificar la ley. Si, como dijo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, «el Gobierno siempre estará con las personas», ha llegado el momento de que se retrate con propuestas concretas. La demagogia de la izquierda juega con fuego cuando enciende los ánimos de los ciudadanos. No es lo que precisa la sociedad en estos momentosm sino una regulación y unas sentencias claras que eviten el desconcierto generado por este asunto.