La transparencia no es una broma

Desde el año 2013, España dispone de una Ley de Transparencia ideada desde la base de que nuestra Administración debe ser diáfana cuando el ciudadano reclama información pública de los organismos del Estado. Sin embargo, en cierto modo, el Consejo de Transparencia regulado para poner en práctica una auténtica política de ventanas abiertas no ha dejado de ser en estos años un organismo casi decorativo, vacío de muchas funcionalidades y carente de herramientas esenciales para poder ejecutar sus resoluciones. A menudo parece que se trata de un organismo creado por la corrección política para imitar a países de nuestro entorno que luchan contra la opacidad de sus gobiernos. Pero en España sigue habiendo mucha ocultación.

El Consejo de la Transparencia no da abasto con las peticiones de ciudadanos para saber cómo se manejan las administraciones y empresas públicas, sobre todo con el presupuesto; necesitaría el triple de personal -actualmente lo componen 22 empleados públicos- para poder atender todas las peticiones que le llegan; y sobre todo le falta tener una capacidad ejecutiva real, no solo teórica, para poder sancionar a aquel Ministerio que se oponga a revelar datos que deberían ser públicos. Sobre el papel, la Administración debe acatar las resoluciones del Consejo de Transparencia, pero a la hora de la verdad, este organismo no tiene regulados mecanismos punitivos. Por eso, cualquier organismo que quiera esconder datos, contratos públicos o adjudicaciones, lo tiene fácil para resistirse y negar la información. La Ley de Transparencia está coja y la Administración no es castigada con multas. A lo sumo, sufre un coste reputacional cuando se niega a ser transparente y la prensa lo publica, pero eso al Gobierno de turno le da francamente igual.