La temporalidad laboral es un mal negocio

Además del control del déficit y la deuda, una de las tareas pendientes de la economía española ha sido históricamente la lucha contra la temporalidad en el empleo. Antes incluso de la irrupción del Covid-19, Bruselas insistía en el riesgo que para el mercado laboral tiene el elevado porcentaje -el mayor de la UE- de contratos temporales, la mayoría con una duración inferior a los siete días. El reducido tamaño medio de nuestras empresas y la estacionalidad del sector de los servicios explican, solo en parte, que el 30 por ciento de los contratos tenga una duración que apenas llega a la semana. Esta fórmula quizá garantice la adaptación de las empresas a un entorno cambiante, pero condena a la precariedad a millones de trabajadores y, a medio plazo, frena el desarrollo de las propias pymes, acomodadas en un círculo vicioso de contratos y despidos que condiciona su crecimiento. Al menor temblor económico, este sistema salta por los aires y dispara las cifras de desempleo, sin que el Gobierno de los «escudos sociales» haya mostrado siquiera el esbozo de un plan para invertir esta tendencia y socorrer a los más vulnerables. El 63 por ciento de los nuevos parados, según la última EPA, procede de este perverso modelo.

Nadie gana, ni siquiera el empresario, con una temporalidad que amenaza de forma permanente al trabajador, evita que las compañías asuman riesgos y, finalmente, apenas aporta recursos fiscales a las arcas públicas. Lo barato suele salir caro, con un agujero que en forma de subsidios toca pagar y sale a repartir. Penalizar esta forma de contratación, hasta reducirla a aquellos sectores cuya supervivencia dependa de la temporalidad, no solo resultaría beneficioso para el trabajador, sino para la cultura empresarial de España, necesitada de músculo y ambición, y el interés general de los contribuyentes.