Temporalidad, la asignatura pendiente

España padece dos grandes problemas en materia laboral que, con independencia del ciclo económico, se mantienen a lo largo del tiempo, conformando así un grave fallo estructural cuya solución todavía sigue pendiente. El primero es, sin duda, la elevada tasa de paro, superior al 14 por ciento en el primer trimestre, hasta el punto de duplicar la media de la zona euro, y el segundo, la precariedad. La combinación de alto desempleo y temporalidad supone una anomalía a nivel internacional, sobre todo si se tiene en cuenta que la intensa creación de empleo registrada en los últimos años de recuperación se ha traducido en un mayor número de contratos temporales. El peso de la temporalidad ha subido del 19,6 por ciento hace poco más de un lustro al 22,3 actual, el doble que la media de la Unión Europea. Además, la duración de los contratos se ha reducido, puesto que hoy es necesario firmar 5,5 para poder trabajar todo el año, frente a los 3,8 de 2007.

De hecho, casi tres de cada diez contratos duran menos de siete días y, por si fuera poco, el empleo indefinido ha empezado a caer en los últimos meses como consecuencia de la incertidumbre política y económica que ha originado el Gobierno de Pedro Sánchez. La precariedad constituye una lacra para los trabajadores que la sufren, pero también perjudica al conjunto de la economía nacional, ya que frena la productividad e intensifica la desigualdad de salarios. España ha hecho poco o nada a este respecto, a pesar de las constantes advertencias lanzadas por el Banco de España, la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional. Al igual que la reforma laboral permitió reducir el paro, urge un amplio y serio plan de choque para acabar con la dualidad del mercado de trabajo.