El Supremo salva la trampa de los golpistas

La Sala Penal del Tribunal Supremo acordó ayer, de forma unánime y sin fisuras, reafirmar su competencia para juzgar a los acusados de promover un golpe de Estado en Cataluña hace un año. El Tribunal entiende que, indiciariamente, doce de los dieciocho encausados idearon y ejecutaron la consulta del 1-O, empleando para ello distintos medios y estrategias fuera de España, lo cual viene a confirmar la competencia del Supremo en lugar de la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En cambio, el Supremo es receptivo a la idea de que seis de los inicialmente encausados solo por desobediencia sean finalmente juzgados en Barcelona, y no en la sede de Alto Tribunal en Madrid. Tiene lógica esta escisión en el proceso judicial: por un lado, el Supremo simplificará el juicio cuando comience formalmente en enero y, por otro, es coherente con el antecedente que supuso el enjuiciamiento de Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia catalán, precisamente por desobediencia. Aquella condena a Mas por inhabilitación abrió el camino para que ahora otros seis procesados puedan eludir el banquillo del Supremo. De este modo, el Alto Tribunal se limitará a determinar si hubo rebelión, sedición y malversación, dejando otros delitos conectados menos relevantes en manos del TSJ.

En cualquier caso, y más allá de cuestiones de economía jurídica para aligerar el banquillo y acortar la duración del juicio, el Supremo ha salvado la trampa que le puso el separatismo desautorizando la estrategia de defensa de los golpistas, rayana en la mala fe procesal, de cuestionar la independencia del Tribunal. El Supremo no se arroga casos por capricho, sino por criterios de legalidad. Los mismos que los golpistas pisotearon.