El Supremo pone orden

Con la contundencia habitual en las resoluciones dictadas en el proceso por el 1-O y con una renovada unanimidad, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha puesto orden en el debate sobre la situación de Junqueras. Tras la euforia separatista por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el Supremo español ha confirmado algo tan obvio como necesario: Junqueras está condenado en firme a pena de prisión y no es eurodiputado. Con esta premisa, la Sala Segunda rechaza que Junqueras tenga inmunidad, que deba ser puesto en libertad y que su condena sea nula. El auto del Supremo respeta la doctrina de la Sentencia del TJUE sobre los privilegios de los eurodiputados y encaja en los planteamientos del tribunal europeo las valoraciones sobre el estado procesal de Junqueras, las cuales, a su vez, se complementan con las razones por las que la Sala Tercera del Alto Tribunal ha rechazado suspender la resolución de la Junta Electoral Central sobre el exvicepresidente del Gobierno catalán. Esta vez, la Abogacía del Estado no ha tenido suerte con sus argumentos. El Estado de Derecho ha mantenido su velocidad de crucero en la respuesta a los graves problemas legales que está planteando el separatismo. Los ataques al TS se explican no sólo por el rabioso sentimiento de fracaso del nacionalismo catalán, sino también por los sólidos precedentes que está construyendo su Sala Segunda en defensa del orden constitucional frente a futuros ataques secesionistas. El TS ha cumplido su tarea y ahora el debate se traslada a instituciones donde el Gobierno de Sánchez asume responsabilidades propias, que no puede endosar a otros. Si su intención de «desjudicializar» el conflicto separatista era sincera, Sánchez tendrá que explicar a sus socios de ERC qué va a hacer en el Parlamento Europeo con las decisiones del Tribunal Supremo español. No debería Sánchez plantearse siquiera como hipótesis la opción de promover resoluciones contrarias a la efectiva anulación del mandato de Junqueras o de votar en contra de los suplicatorios contra Puigdemont o Comín o de imponer a la Abogacía del Estado -y a la Fiscalía, si se deja- criterios favorables a los condenados por el 1-O. Y si lo hace, no hará si no confirmar los temores de gran parte de los ciudadanos que ven en su Gobierno de coalición un ataque al Estado constitucional. Y esto, además de reproches políticos, puede tenerlos también legales.

El respeto al Supremo es una forma de oponer resistencia a la maliciosa estrategia nacionalista de deslegitimar las instituciones del Estado. Las críticas desaforadas a su sentencia por el 1-O no tenían la perspectiva -ni la justicia- adecuada para valorar la trascendencia de una sentencia que, en esencia, advierte de que el separatismo anticonstitucional no está al margen del Código Penal. Tras el griterío separatista, vuelve la calma del TS.