Silencios cómplices en otro 1-O

El silencio de Joaquim Torra ante la degradación de la vida pública en Cataluña es elocuente. Es imposible hallar un solo argumento que justifique por qué un presidente autonómico no es capaz, en una democracia, de condenar a un grupo organizado acusado de terrorismo. En eso se han convertido algunos energúmenos de los llamados comités de defensa de la república (CDR), y sin embargo Torra calla. Ante esto, solo hay dos alternativas: o guarda silencio porque sabe que son ciertas las acusaciones de la Audiencia Nacional contra ellos, y algo de eso podría haber en las motivaciones del jefe de los Mossos para dimitir ayer; o bien calla porque se trata de un presidente pelele convertido en rehén de los CDR y carece de la valentía suficiente para lamentar que se manejen como células de corte terrorista. Torra es un presidente autonómico a quien Pedro Sánchez invitó a La Moncloa, y a quien también el jefe del Ejecutivo cumplimentó en Pedralbes aceptando una agenda oculta de chantaje al Estado con «relatores» incluidos. Torra es quien exigió a los CDR que «apretasen», quien se ufanó de tener familiares en esos comités y quien los jalea desde el Parlament, cuyo papel ha pervertido hasta convertirlo en garante del terrorismo. Por eso, es mucho más que un simpatizante o un cómplice. Torra es sencillamente el promotor de la estrategia destructiva del independentismo.

Si es verdad, como así concluyen informes judiciales, que los CDR usaron como ensayo para sus acciones criminales la convocatoria de un Consejo de Ministros en Barcelona; y si también es cierto que actuaban como enlaces secretos entre Torra y Carles Puigdemont, o que el llamado «CNI catalán» coadyuvó en la planificación del pretendido asalto al Parlament, la duda que queda es por qué Pedro Sánchez no señala a Torra con el dedo, lo cita expresamente y lo retrata como el impulsor de una banda organizada con la ayuda de instituciones públicas. Es muy grave lo que está ocurriendo, y no sirven de nada los bálsamos que pretende aplicar Sánchez con alusiones genéricas, pero con veto, al artículo 155 de la Constitución, o con promesas electoralistas envueltas otra vez en la bandera de España. Es un error infravalorar el salto cualitativo que han dado los poderes públicos en Cataluña para conmemorar los dos años del 1-O. Es una nueva fase de la afrenta al Estado de Derecho, y no basta con esperar a que la hinchazón emocional baje de nuevo. El Gobierno de la nación tiene soluciones a mano y ninguna es seguir «blanqueando» a Torra. Si no es la aplicación del 155, el Estado dispone de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Penal. A fin de cuentas, eso es ley. Lo que hace Torra, no.