Sensación de absoluta indefensión

El mismo día en que la Generalitat de Cataluña pidió a sus ciudadanos que eviten salir de sus domicilios y decretó una suerte de confinamiento exprés por el rebrote del coronavirus, consintió la paradoja de que líderes del proceso separatista ya excarcelados, y en un abusivo régimen de semilibertad, hicieran ostentación pública de sus delitos y una exhibición de sus deseos de reincidencia. Si lo que hace Torra en la Generalitat no es una prevaricación flagrante, se le acerca mucho. No son de extrañar este tipo de decisiones en Torra, condenado ya por desobediencia y que, inexplicablemente -cosas del garantismo de nuestro sistema judicial-, sigue aferrado a su cargo de presidente autonómico sin más legitimidad que la de su propio ego, y sin más respeto por las reglas del juego que el que impone la dictadura de su noción del independentismo. El separatismo, y ayer se volvió a escenificar, sigue en pie, y ello solo es posible por la debilidad que demuestra nuestro Estado de Derecho permitiendo que condenados a trece años de cárcel por delitos muy graves estén en la calle, solo diez meses después de su sentencia. Es inexplicable, una afrenta a la legalidad, un escarnio para nuestros Tribunales y una muestra de desprecio a los ciudadanos que confían -cada vez menos- en la Justicia. Porque esta es una Justicia a la carta, derivada de que Cataluña tenga cedidas las competencias en materia penitenciaria. La sensación de indefensión para los españoles que mantienen su fe en la democracia y en la separación de poderes es absoluta.

Mitin y desafío en la calle. Al haber formalizado la concesión del tercer grado penitenciario a los presos condenados por sedición, lo primero que hizo ayer Jordi Cuixart fue dar un mitin en plena calle, vanagloriarse de que volverán a ejecutar una declaración unilateral de independencia, y jactarse en tono belicista de que no tienen miedo. Porque en eso se basa buena parte del independentismo, en generar miedo y odio. A la Generalitat no le ha bastado con convertir las celdas en oficinas, o con facilitarles un régimen de privilegios que ningún otro interno tiene en España. La comparación con el tercer grado denegado ayer a Iñaki Urdangarín, por ejemplo, es notoria. A Torra no le ha bastado con crear un oasis carcelario para presos vip, capaces de mofarse del sistema penitenciario y de los ciudadanos que creían sentirse amparados por el Código Penal. No le ha bastado con crear falsas víctimas de un sistema «opresor», en lugar de tratarlos como lo que realmente son: unos delincuentes incapaces de hacer un mínimo gesto de arrepentimiento, algo que debería ser imprescindible para acceder a la libertad. Tenían que salir de prisión a toda costa. Y, por supuesto, tenían que humillar al Estado, ensalzar la impotencia de los jueces, reivindicar el golpismo e invocar la sedición como una forma de rebeldía. España tiene motivos para estar perpleja y albergar dudas sobre la eficacia del sistema frente a quien se ha propuesto destruirlo.

El separatismo acaba de entrar en campaña, que es lo único que le interesa a Torra una vez reafirmada la evidencia de que su gestión de la salud pública en Cataluña es tan caótica como sus delirios rupturistas. Torra solo entiende de campañas orquestadas para torpedear la unidad de España y pisotear la ley a capricho. Su inhabilitación debería ser confirmada por el Tribunal Supremo cuanto antes, porque ningún catalán, y ningún otro español, merece que siga cobrando un solo euro de sueldo público. El daño que está haciendo a las instituciones es ya irreversible, y el Gobierno de Pedro Sánchez, tan alérgico a los planes B como connivente con el separatismo, debería empezar a pensar en desempolvar la aplicación del artículo 155 si los líderes del «procés» reeditan su proyecto destructivo, como prometen. Sánchez debe saber que ya no caben más conductas melifluas, más estrategias de «apaciguamiento», ni más contemplaciones jurídicas con unos golpistas que amenazan con reincidir. Y también la oposición debe escandalizarse con este hurto a la legalidad y asumir de modo radical que si no lidera una denuncia drástica de estas excarcelaciones no será creíble. No vale mantener un perfil bajo ante este abuso.

Queda el Estado. La Fiscalía y el TS no pueden permanecer inermes ante esta tropelía jurídica, repleta de agravios para miles de presos, porque la Justicia no puede consentir que haya ciudadanos que se ufanen de delinquir, les salga gratis y además presuman de ello. Sería como decirle al ciudadano que no sirve de nada ser ejemplar, obediente con la ley, pagar los impuestos y confiar en sus instituciones. Lo que hace el separatismo hoy es recuperar un alegato a favor del caos, retando al Estado a que haga dejación de sus funciones.